Luego de reiteradas demandas de integrantes de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la Presidenta Claudia Sheinbaum derogó el decreto que desde 2022 fomentó la ilegalidad de casi 3 millones de vehículos que, en calidad de contrabando, obtuvieron placas para circular por todo el país. La disposición entró en vigor el primero de enero del presente año.

La confirmación del informe fue proporcionada por el licenciado Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA, quien celebró la medida que durante un largo periodo afectó mucho el mercado interno de la industria automotriz en varios sentidos: alta contaminación desprendida, dudosa procedencia y aumento de riesgos de accidentes en nuestras carreteras, por tratarse de chatarra desechada de los Estados Unidos y Canadá.

Sin duda, subrayó el directivo de los concesionarios, la decisión de la Jefa del Ejecutivo Federal dará certidumbre al mercado nacional al tener que ceñirse la internación de unidades usadas a las reglas de ordenamiento en casos de importación definitiva, conocidas desde el 2011, con garantía de transparencia y seguridad en la tenencia de los automotores. Además, beneficiará a la misma autoridad con el pago de impuestos.

AMDA RECONOCE A CLAUDIA SHEINBAUM

Rosales Zárate, a nombre de los asociados de la AMDA, reconoce a la Presidenta Claudia Sheinbaum la derogación del decreto referido que alentaba el contrabando con efectos negativos y se aprestan para seguir colaborando con la autoridad en temas pendientes, como la confirmación de una base de datos más segura y confiable a través del Registro Público Vehicular – Repuve – además de un programa de renovación del parque vehicular de unidades ligeras y pesadas.

“Bienvenida la recuperación del orden en este segmento de la economía”, dijo al concluir la charla con reporteros de El Dictamen. “Resultará un estímulo importante a las ventas de carros nuevos y usados por los canales formales.” Pone fin a la crisis que vivieron distribuidores de entidades del norte de la República, principalmente Tamaulipas, Chihuahua y Baja California, donde regularizaron el 50 % de los casi 3 millones de automotores procedentes de EE. UU. y Canadá en el periodo de 2022 al 31 de diciembre de 2025.

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