La diatriba conservadora sostiene que los gobiernos de la cuarta transformación han desatendido la salud, dejando sin recursos al sector y acusando de desabasto de medicamentos e ineficiente atención a los usuarios. Nada más falso. Se trata, sin duda, de una estrategia de comunicación bien pagada por quienes durante el período neoliberal hicieron grandes negocios como el seguro popular, bajo el cobijo de una alta burocracia corrupta y los monopolios de la industria farmacéutica.
Frente a la mala fe y la amnesia política de los conservadores, vale la pena recordar que en 1978 la OMS advirtió sobre la necesidad de dar un giro en el diseño e implementación de los servicios de salud que el Estado mexicano tenía a su cargo, con el fin de establecer un sistema único que priorizara la prevención y la atención primaria, tal como lo hicieron muchos países en el mundo que adoptaron el modelo de Estado de Bienestar.
Al neoliberalismo no le interesa la salud de la gente, sino las ganancias del capital. Ve a las personas como clientes de los que hay que obtener un beneficio y, por tanto, la salud no es un derecho, sino una mercancía que se vende al mejor postor. Los medios, que tanto insisten en la mentira del recorte presupuestal a la salud, debieran voltear hacia el pasado reciente y observar el desmantelamiento de la infraestructura médica, como la impresionante corrupción administrativa anquilosada durante varias décadas en el sector.
Para enfrentar esa realidad, los gobiernos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han tenido que romper con firmeza la inercia de la corrupción neoliberal, partiendo de dos premisas: la salud es un derecho humano universal y es una responsabilidad pública del Estado. La salud de la población de un país es un asunto de seguridad nacional.
Es falso que en el proyecto de presupuesto de la federación, que la Presidenta ha enviado a la Cámara de Diputados, exista un recorte de 113 millones de pesos; por el contrario, hay un incremento de $6,878,868,145 respecto del presupuesto de 2024 (los ramos 12, SSA, y 47, IMSS-BIENESTAR).
Lo que los medios y la oposición no observan es la creación, por mandato constitucional, de un nuevo modelo por el cual se instituye el Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, cuya base es un organismo público descentralizado, el IMSS-BIENESTAR. Si sumamos la totalidad de la inversión pública de la Federación en Salud: SSA, IMSS-BIENESTAR, IMSS, ISSSTE, SDN, SM y PEMEX, el monto para el 2025 será más de 2.2 billones de pesos, de un presupuesto de más de 9.3 billones de pesos, lo que representa alrededor del 24% del presupuesto federal.
La efectividad del derecho constitucional a la salud pasa por la gratuidad de los servicios a cargo del Estado (Federación, Estados y Municipios). Con la existencia del IMSS-BIENESTAR, será posible la conformación de una política pública integral, con cobertura universal, coordinada y unificada, que ponga al servicio de la población todos los recursos materiales, económicos y humanos en favor de la salud de mexicanas y mexicanos. ¡Salud para todos, ya!
Por Pedro Zenteno.
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