Ante problemáticas como la excesiva tardanza para la liberación de automóviles retenidos que suelen extenderse hasta seis meses, aun cumpliendo con lo que establece la ley, alargamiento del tiempo de citas, entre otras situaciones, abogados y asesores jurídicos de compañías aseguradoras, acudieron ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia en Playa Linda, para exigir una solución a lo que llamaron dilación y tortuguismo de los fiscales.

Los abogados y litigantes Carmen Rico, Teresita Guerrero, Brian Alexis Beristain, Ricardo Javier Carrillo Almeida, Nayeli Hernández, Lorena Oyola, Olga Hernández, subrayaron que la problemática que se plantea es por el tiempo excesivo de la liberación de las unidades retenidas, que suelen ser de 2 y hasta 6 meses, exceso de tiempo para citas ante la Unidad Integral de Procuración de Justicia, agendas con citas tardías con los fiscales por la carga de trabajo y audiencias, en tanto una vez que se realiza la acreditación de la unidad, es muy tardado el trámite para la emisión de los oficios.

Exigieron a la fiscal de Distrito, Indira Gabriela Contreras Tun, se destrabe esta situación porque la tardanza de los fiscales, en espera de dádivas para agilizar, genera detrimento económico en los asegurados, ya que si son taxis, transporte público o particulares, el hecho de no poder tener pronto la devolución de sus unidades, les ocasiona un un gasto excesivo, robo de vehículos en los corralones, ya que al no estar regulados, se deslindan de responsabilidad en caso de robo, así como pagos excesivos en arrastres, maniobras y corralón, hasta el momento que es liberada la unidad, contando para ello, todos los días (días naturales incluyendo sábados, domingo y días festivos, sin excepción) Todo esto derivado del atraso en los trámites ante las fiscalías.

Citaron que de acuerdo al artículo 239 del Código de Procedimientos Penales, se establece que en los requisitos para el aseguramiento de vehículos tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor.

Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público debe cerciorarse que el vehículo no tenga reporte de robo, que el vehículo no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo; que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios, y que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros, o de la aseguradora.

“Si no hay oposición fundada el fiscal debe hacer la entrega de la unidad y pese a ello, no lo hace”, acusaron.

Detallaron que para la liberación del vehículo, después de la acreditación, ratificación de póliza de seguros, si es un documento público, con que sea localizada la misma como vigente, no se necesita más revalidación, pues ya está la validación de la factura ante SAT, ya no se requiere la validación de la factura ante la agencia automotriz, y eso imposibilita la liberación, así como el excesivo tiempo que se llevan para el visto bueno del Fiscal de Distrito y del Fiscal Regional Enrique González Barrón.

Además, los abogados sostuvieron que les requieren la comparecencia de los terceros, a pesar de ser delitos por querellas y no ser procedente, violando con ello la presunción de inocencia

Violan lo dispuesto en los artículos 10 el principio de igualdad ante la ley, así como lo dispuesto en el artículo 11 del principio de igualdad entre las partes.

Indicaron que tras su protesta, en una reunión en la que fueron atendidos por el fiscal regional de zona, Enrique González Barrón, se acordó que se realizarán revisiones de las carpetas con vehículos retenidos, se agilizarán los trámites para liberar unidades, se llevarán a cabo constataciones para las facturas y validación ante el SAT, se girarán indicaciones a los fiscales para que en caso de existir póliza de vehículos se proceda a la liberación sin oposición de parte, y también se comprometió la fiscalía a revisar las carpetas que tienen vehículos retenidos desde el año pasado.

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