La Fiscalía de Veracruz y el juzgado civil han obligado a Nancy a sentarse en el mismo lugar que su agresor contra quien tiene dos órdenes de protección que le obligan a mantenerse a varios kilómetros de distancia. Son las propias autoridades quienes han violado las órdenes que le dieron para protegerse de las violencias.

La primera orden de protección se la entregó la Fiscalía General de Veracruz debido a una denuncia por violencia que interpuso en su contra. La segunda un juzgado.

Las órdenes de protección son un instrumento que se creó desde el 2007 en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con el tiempo han tenido modificaciones. La intención de la misma es que las mujeres dejen de estar en una situación de riego al tener medidas de protección que garanticen que no serán víctimas de violencia.

Pese a ello, en los casos de pensión alimenticia y convivencia con los hijos, le han dicho que los instrumentos que la deben proteger para evitar que se le acerque no son suficientes pues en esos casos debe conciliar (aunque la ley señala que la violencia de género no es conciliable). Eso, ella asegura, la pone en riesgo.

El problema con las órdenes de protección, indicó Ana Yeli Pérez Garrido quien es asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio, es que hace falta que se conviertan en un mecanismo completo en el que todas las dependencias se encuentren obligadas a actuar y a coordinarse.

“Creo que no ha habido los esfuerzos necesarios para realmente no sólo evaluar sino ponerse a pensar y diseñar cuál sería el mecanismo efectivo o el alcance que debería tener más bien este mecanismo, en el sentido de todo lo que implica el riesgo en el que se puede encontrar las mujeres”, señaló.

Recibir la orden, el primer problema

La ley marca diferentes acciones que se pueden implementar, como la restricción de acercarse a cierto número de kilómetros, rondines policiales, que el agresor se retire del domicilio, entre otras. Y actualmente la Ley General señala que cualquier autoridad administrativa puede emitirlas, aunque la ley local aun no ha sido homologada.

El Poder Judicial de Veracruz ha emitido mil 117 órdenes de protección en los últimos 10 años. El año con más órdenes fue 2015 con 443, seguido de 2021 con 178. En 2020 (año de pandemia) no se emitió ninguna y este año tampoco lo han hecho.

La Fiscalía General del Estado dice desconocer cuantas órdenes ha entregado, pues no las tiene registradas. “no se encontró información sistematizada que permita atender de manera puntual a su petición”.

Ello según las solicitudes de información 301277625000052 y 301146725000109 realizadas al PJEV y FGE respectivamente.

Estos no son los únicos organismos que deben entregar las órdenes de protección sino que todas aquellas dependencias relacionadas con la seguridad deben emitirlas. Sin embargo, se desconoce cuantas han entregado y quienes.

En Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres en su versión pública señala que en el estado de Veracruz se han proporcionado 782 órdenes de protección, pero no detalla ni en qué tiempo ni mucho menos qué dependencias lo han hecho.

Esmeralda Lecxiur, abogada experta en violencias contra las mujeres, señala que, aunque todas las autoridades como las sindicaturas, los institutos de las mujeres y demás pueden emitir las órdenes, la realidad es que hace falta mucha capacitación pues en muchas ocasiones ni siquiera conocen que esto se encuentra dentro de sus atribuciones.

“Antes había las de emergencia o urgencia y las normales, hoy no es así, hay un catálogo y se dividen en dos medidas aquellas que emite las autoridades administrativas y aquellas que emite una autoridad judicial, es decir un juez, cada una tiene un catálogo de 15 o 20 medidas por cada orden, se ampliaron estas medidas”, indicó.

Explicó que para poder recibir estas órdenes de protección no se necesita que las mujeres interpongan una denuncia, sino que pueden obtenerla, ello debido a que en muchas ocasiones lo que ellas buscan es que la violencia cese.

El problema, sostuvo, es que una vez que llegan con las autoridades deben realizar una evaluación de riesgo, emitir la orden y dar un seguimiento para modificar en caso de ser necesario. Pero en muchas ocasiones las y los funcionarios no se encuentran preparados para hacerlo.

“Hace falta actualización y capacitación de servidores públicos y de las instituciones que tengan que darle más publicidad a la forma en la que se puede sacar una orden de protección (…) hay desafíos, capacitar al funcionariado para que las puedan emitir, las órdenes no necesariamente tienen que ser por escrito, mientras que estén fundamentadas”, indicó.

Detalló que, aunque no se encuentre realizada la homologación en la ley del estado de Veracruz, las autoridades deben acatarla ya que existe una Ley General que lo mandata.
Recientemente el Poder Judicial en coordinación con los otros poderes del estado emitió la plataforma Veracruzana Protegida para obtener órdenes de protección a través de una página web de manera inmediata y que dará aviso inmediato a la Policía y a la FGE.

Lecxiur afirmó que este tipo de medidas son positivas, pero no son las únicas ya que el resto de las dependencias también deben contar con la capacitación para aplicar la ley que ya existe.
De tenerlas a cumplirlas.

Lecxiur señaló que algunas dependencias de Veracruz se les está exigiendo realizar un modelo de evaluación de riesgo, pero esta apenas se está efectuando. Estas evaluaciones son necesarias para que las autoridades determinen qué tipo de orden brindar.

Pérez Garrido indicó que justamente las evaluaciones de riesgo son un pendiente que existe ya que en muchas ocasiones las medidas que se entregan son insuficientes para proteger la vida y la integridad de las mujeres, por ejemplo, rondines policiacos que no garantizan la integridad.
“No hay capacidad instalada (…) no hay suficiente para hacer estas evaluaciones de riesgo en primer lugar, las evaluaciones de riesgo deben considerar no solamente la violencia que se esté ejerciendo, sino analizar el contexto en el que en el que se está ejerciendo esa violencia (…) si la mujer cuenta con redes de apoyo, cómo es su comunidad, qué tan activa, en qué consiste en esas redes de apoyo o cómo podrían actuar o para participar en una eventual situación de riesgo de emergencia, quién es el agresor, cuál es su entorno, cuáles son sus redes, también de apoyo y muchas veces económico, político o de corrupción”, indicó.

Además, sostuvo, no se trata únicamente de entregar una orden de protección, sino que las autoridades deben brindar un seguimiento constante para determinar lo que ha sucedido, el nivel de riesgo y si se requiere alguna acción.

Nancy Castañeda forma parte de la Colectiva Colmena Verde y conoce sus derechos así que pudo obtener las órdenes de protección, aunque lo hizo porque ella quiso presentar una denuncia, lo que no es obligatorio pero las autoridades suelen solicitar. Pero eso no ha hecho que se cumplan, pues son las propias dependencias quienes las rompen.

Pérez Garrido sostuvo que eso sucede debido a que no hay ninguna autoridad que se encuentre encargada del seguimiento de las órdenes, es decir de verificar que situaciones como las que le sucedieron a Nancy no pasen.

“Yo creo que todavía el tema de órdenes de protección sigue siendo un mecanismo, pues sumamente importante para la prevención del feminicidio por ejemplo, pero sigue siendo un mecanismo que no se ha dimensionado en cuanto a su importancia, y en cuanto a sus requerimientos porque son muchísimos. De sólo de un caso, te pueden salir varias medidas a implementar”, señaló.

Dinero, el pendiente

A nivel federal, una de las propuestas para lograr la igualdad entre hombre y mujeres que anunció la presidenta Claudia Sheinbaum al arrancar su mandato, fue revisar el mecanismo de órdenes de protección.

Lecxiur sostuvo que la última reforma fue en 2021, en pandemia, y el problema de las órdenes de protección actualmente se centra en que se deben emitir reglamentaciones secundarias para hacerlas efectivas y sobre todo hacerlas cumplir.

Pérez Garrido afirmó que además de las reglamentaciones se necesita hacer un análisis a fondo y establecer un mecanismo con mayor coordinación y seguimiento, pero sobre todo recursos económicos.

Explicó que debido a que una mujer puede requerir varias medidas y que se deben establecer para todas las mujeres que se necesiten, se requiere de los recursos económicos para tener el personal suficiente para que ello suceda.

Además, aseguró que se les debe dar el seguimiento correcto y puso como ejemplo una mujer que debe irse de su casa lo que implica el desplazamiento y por lo tanto una serie de cuestiones que se le deben subsanar hasta que pueda rehacer su vida.

“No solamente se reduce a extraer a las mujeres y llevarlas a un refugio, sino en muchas ocasiones, es salir de su casa y lo que implica salir con los hijos e hijas, es decir, son una serie de necesidades que además son económicamente impactantes en términos de presupuesto y que evidentemente eso no lo tienen los estados (..) el sabemos que no están destinando recursos, ni siquiera los recursos mínimos para tener la posibilidad de atender un caso de alto riesgo, pues mucho menos la demanda que es tan alta de tantos casos de violencia contra las mujeres que se cometen todos los días en cada entidad”, sentenció.

Protección, la necesidad urgente

Lecxiur indicó que en muchas ocasiones las mujeres no buscan interponer una denuncia sino que necesitan acciones para dejar de estar en una situación de riesgo y ser violentadas, por ello sostuvo las órdenes de protección son importantes.

Pérez Garrido sostuvo que es necesario que desde las autoridades se les dé la importancia que tienen puesto que la falta de protección de mujeres que han pedido ayuda ha desencadenado en feminicidios, los que se hubieran evitado si este mecanismo funcionara.

“Lo que quieren (las mujeres) o por lo que no acude con la autoridad es ser protegida, es que la violencia pare, que se garantice su vida, es la primera necesidad de una mujer en situación de violencia (…) Casos que hemos visto documentado de feminicidio, en los que las mujeres habían denunciado a sus agresores y no fueron atendidas de manera adecuada y pues es culminar con su muerte, entonces son sumamente importantes, les llamaría como un mecanismo vital”, sentenció.

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