En el estado únicamente hay 121 intérpretes registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas. Sin embargo, existen más de 662 mil personas (9.5 por ciento de la población) que hablan alguna de las 14 lenguas indígenas, muchas de esas personas son monolingües, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Es decir, existe un intérprete por cada 5 mil 470 personas hablantes de lengua indígena.
Esta escasez de personas que realicen las interpretaciones lleva a que las personas originarias de pueblos indígenas no puedan acceder a sus derechos básicos como salud, justicia o educación y, de acuerdo con activistas, forma parte de una de las muchas formas de discriminación que existen hacia los pueblos originarios.
“Estamos hablando que es algo que ya debió de haberse implementado desde siempre, yo creo que esta parte de la interpretación en su lengua solamente es una parte del cómo debería ser en estas comunidades, en estos lugares de población indígena el acceso a la salud de manera general, para hombres y para mujeres, niñas, niños y adolescentes, o sea, se debe de garantizar tanto en la lengua, pero también se debe de garantizar el trato, el trato humano, el trato con calidad y calidez. Estamos hablando de que si se acude a estas instituciones, pues no es por gusto, sino es por necesidad”, afirmó la abogada Elizabeth Guevara, integrante de la organización Kalli Luz Marina que opera en la sierra de Zongolica.
La escasez de intérpretes se complica más cuando se realiza el desglose en el estado de Veracruz. En el estado se hablan 14 lenguas, pero algunas tienen variantes que pueden no entenderse entre sí, por ejemplo, en el totonaco existen cinco diferentes.
Para temas referentes a salud únicamente existen 18 intérpretes de cinco variantes de lenguas, es decir hay lenguas y variantes de las que ni siquiera hay quien interprete. Para temas de justicia son 73, para desarrollo social 28 y para educación no hay ninguno, de acuerdo con el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas.
A nivel nacional la situación es muy similar pues hay mil 206 intérpretes registrados para más de 7 millones 364 mil personas hablantes de lenguas indígenas, de las cuales 865 mil la hablan de manera exclusiva. Es decir, un intérprete para cada 6 mil 100 personas hablantes o uno para cada 717 que no hablan español y requieren necesariamente interpretación para poder comunicarse en las instituciones.
Un faltante que cuesta vidas
Esta situación ha derivado en múltiples problemas para las personas hablantes de lenguas indígenas y un ejemplo claro fue el de Ernestina Ascencio, una mujer nahua adulta mayor monolingüe quien hace 19 años fue agredida sexualmente por el Ejército y que tuvo que pasar del centro de salud a un hospital y luego a otro, donde estuvo más de 10 horas sin ser atendida lo que finalmente le costó la vida, debido a que no le entendían por la falta de intérpretes.
En diciembre de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia por su caso en la que, además de las medidas de acceso a la justicia, abordó el contexto de discriminación y las barreras que enfrentó Ernestina Ascencio Rosario, incluida la falta de condiciones adecuadas para su atención.
En esta sentencia, solicitó que el hospital donde fue atendida tenga intérpretes, la creación de un Registro Nacional de Intérpretes en temas de salud y justicia, elaboración de un diagnóstico sobre la situación actual y asegurar la existencia de suficientes personas para realizar este rol.
Guevara, que también es una de las abogadas que llevó el caso ante la instancia internacional, señaló que aunque tras la sentencia solicitaron una reunión con las autoridades mexicanas para que establecieran un plan de cumplimiento, hasta el momento no han tenido ninguna respuesta.
“Hasta el momento no hemos tenido ningún acercamiento con el Estado, las organizaciones peticionarias y acompañantes con el Estado (…) la Corte brindó un año para ver durante este año que brindó cuánto se ha avanzado en este cumplimiento, sin embargo, hasta el momento no hemos recibido ninguna ruta de posible cumplimiento o de propuesta alguna por parte del Estado, no se ha tenido como ese tipo de acceso todavía”, indicó.
El problema es que la necesidad de intérpretes sigue vigente y con ellos las dificultades para quienes requieren sus servicios. Por ejemplo, dijo Guevara, en los hospitales de la zona la violencia obstétrica es una constante, lo que ha llevado inclusive a la pérdida de embarazos que están por terminar.
Organizaciones como Marea Verde Totonacapan han detectado que la información básica sobre salud que se debe brindar a las personas, no se hace en lenguas indígenas y por lo tanto no les llega a las personas que la hablan. Un ejemplo de ello es aquella relacionada con derechos sexuales y reproductivos, por lo que ellas crearon una campaña en totonaco de la costa, náhuatl de la huasteca y tepehua, para que conozcan sus derechos básicos como el derecho a decidir o usar anticonceptivos.
Acceso a la justicia, un pendiente más
La falta de intérpretes en los hospitales es únicamente una cara del problema. Éste se extiende a otras áreas como la justicia pues en instancias como la Fiscalía General del Estado se carece de estos y con ello de la capacidad de brindar una atención real a las personas.
Quienes llegan a realizar una denuncia, no cuentan con personas que les puedan realizar la interpretación para que tengan acceso a la justicia y quienes son acusados no tienen una defensa real al no contar con la interpretación a su idioma.
Por ejemplo, Silverio Reyes estuvo varios años preso y finalmente fue liberado. Su detención se basó en una declaración de Diego Fernando Bonilla, indígena ñuhú de la Sierra Norte de Veracruz, quien fue torturado y obligado a firmar un documento. Diego rindió su declaración en su lengua materna; sin embargo, la traducción no respetó lo que realmente expresó. La denuncia que Diego interpuso por estos hechos fue cerrada sin explicación.
Otro caso muy conocido fue el de Reyna Panzo, quien pasó 11 años detenida luego de una emergencia obstétrica por la que fue acusada de aborto. Ella es una mujer indígena nahua que no tuvo acceso a un intérprete para realizar su defensa.
Por eso, para activistas veracruzanas la atención en lenguas indígenas debe ser integral por parte del Estado, no únicamente de una dependencia sino de todas puesto que se trata de personas que deben ser atendidas.
“La importancia de no solamente hablar de la Secretaría de Salud, hablar de la salud, de la seguridad, del acceso de los derechos es parte de un gobierno, un gobierno que tendría que ser integral, la Secretaría de Educación, Seguridad Pública”, indicó Metzeri Ávila San Martín.
Falta de intérpretes genera pérdida de lenguas indígenas
Además, según advirtió Lizbeth Santos Olmedo de Libres y Voladoras Colectiva Papanteca, en muchas ocasiones aunque las personas tengan algún conocimiento del español, su forma de pensar y de construir sentido a la vida es a partir de su lengua por lo que es posible que aunque entiendan algunas palabras en español, no lo hagan por completo y por tanto la comunicación es ineficiente. Es decir, a pesar de que las personas no sean monolingües pueden necesitar un intérprete para comunicarse.
Ávila San Martín indicó que interpretar no consiste en traducir palabra por palabra sino crear sentido a través de la forma de ver el mundo y por lo tanto generar una correcta comunicación.
Santos Olmedo comentó que ante las dificultades que existen en Veracruz y en el país por la falta de intérpretes y discriminación hacia las personas indígenas, quienes tienen la posibilidad cada vez optan más por dejar de hablar su lengua y buscar utilizar de manera exclusiva el español.
De acuerdo con el Centro de Información de la Organización de las Naciones Unidas, en México existen 31 lenguas que están en riesgo de desaparecer en la próxima década de las 68 que se hablan (de las cuales 14 se hablan en Veracruz) con 364 variantes.
“Una lengua es una forma de vida, es una forma de posicionamiento ante el mundo, y si esta lengua se muere, entonces también se muere una forma de mirarnos, de sentirnos, de pensarnos en esta tierra y de hacer mundo (…) para que una lengua indígena sea valorada por la sociedad, tiene que ser una política de Estado. Es importante pensar a los pueblos y las lenguas como parte crucial de la vida pública y privada de México”, señala la poeta indígena Nadia López García, citada por el Centro.
Mientras no existan intérpretes suficientes, esa política de Estado seguirá siendo discurso, pues es necesario que las personas que hablan una lengua indígena (sea exclusivamente o no) puedan tener comunicación con las dependencias de gobierno y para ello se requiere de intérpretes que hasta ahora han sido escasos y la mayor parte de quienes les necesitan, no tienen acceso.
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