La Diputación Permanente de la LXVII Legislatura recibió la iniciativa de decreto, enviada por la gobernadora Rocío Nahle García, con la que busca incentivar la inversión en infraestructura educativa, en beneficio de niñas, niños y adolescentes, superando las complejidades del estatus jurídico de los inmuebles donde estén asentados los centros educativos.

En dicho proyecto, la mandataria propone al Congreso incorporar el Artículo 35 Bis a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para que, tratándose de proyectos de inversión en infraestructura educativa cuyo propósito sea la construcción, mantenimiento o equipamiento de planteles educativos públicos, el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis) fiscalice el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos estatales y municipales destinados a ello, para lo cual verificaría su aplicación en inmuebles con propiedad debidamente acreditada a favor del ente fiscalizable correspondiente.

Precisa que, en caso de que la propiedad se encuentre en trámite de ser regularizada y adquirida por el ente fiscalizable, o que no pertenezca a la federación, al estado o a los municipios, el organismo autónomo verificaría que se cuente con la constancia de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con la cual acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente.

La iniciativa añade que con esta modificación se mantendría el control del Orfis en las tareas de revisión de ingresos

Igualmente, plantea adicionar un tercer párrafo al Artículo 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado para indicar que, tratándose de obras públicas y servicios relacionados con ellas que realicen los entes públicos en materia de infraestructura educativa y la propiedad, los derechos de propiedad o los otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos se encuentren en proceso de regularización, podrá acreditarse por parte de los entes públicos con la constancia de la SEV en la que se acredite la operación regular del plantel educativo, el reconocimiento de validez de su funcionamiento y la matrícula mínima de alumnos del ciclo escolar correspondiente del centro donde se ejecuten las obras.

La iniciativa añade que con esta modificación se mantendría el control del Orfis en las tareas de revisión de ingresos, egresos y deuda pública sobre todos los entes fiscalizables, pero permitiría que en los casos donde no se cuente con el instrumento público que acredite la propiedad del inmueble donde se encuentra la escuela, pueda ser validado por la SEV.

Dicha validación contendría que en el inmueble opera el centro educativo, con los registros correspondientes y una matrícula por ciclo escolar establecida, lo cual “permitirá garantizar que los recursos fueron aplicados a un centro escolar, sin que por ello se configure una falta que afecte la aplicación de dichos recursos”.

Por último, la iniciativa prevé precisar en la ley mencionada que, cuando se realice todo tipo de acciones para crear, construir, conservar, demoler o modificar bienes inmuebles donde se aloje un centro educativo, y la propiedad, los derechos de propiedad o incluso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos no se encuentren plenamente regularizados a favor de los entes públicos que ejecutan dichas obras, podrá acreditarse la situación jurídica con la constancia emitida por la SEV.

La iniciativa fue turnada por la Mesa Directiva a la Comisión Permanente de Vigilancia, para su análisis y dictamen.

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