La organización IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, recordó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, continúa acusado ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, particularmente desapariciones forzadas ocurridas durante su administración (2010–2016).
El pronunciamiento se dio ante la posible liberación anticipada del exmandatario, quien cumple una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa en el Reclusorio Norte. La audiencia para resolver su solicitud de preliberación se realizará el 12 de noviembre, de acuerdo con información publicada por El País.
Informe documenta desapariciones forzadas
IDHEAS, junto con la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y el Colectivo Solecito de Veracruz, presentó en 2022 el informe “Hasta encontrarlos: desapariciones forzadas cometidas por fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad”.
El documento fue entregado a la Fiscalía de la CPI, solicitando abrir un examen preliminar sobre México. En él se detallan 22 casos de desaparición forzada ocurridos entre 2012 y 2016, atribuidos a integrantes de la Policía Estatal y Ministerial de Veracruz.
Siete víctimas fueron localizadas en la fosa clandestina de Colinas de Santa Fe, donde se han hallado 305 cuerpos.
Veracruz, epicentro de desapariciones
El informe señala que Veracruz concentra las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina: Colinas de Santa Fe, con 305 cuerpos, y El Arbolillo, con 310.
Se estima que entre 3 000 y 20 000 personas desaparecieron en el estado desde 2006, con un auge de casos durante el gobierno de Duarte.
Las víctimas eran en su mayoría jóvenes menores de 40 años, trabajadores y estudiantes detenidos por corporaciones estatales. Pese a las denuncias, la Fiscalía de Veracruz no realizó investigaciones imparciales ni efectivas, según el reporte.
Impunidad y falta de justicia
Aunque algunos exfuncionarios fueron procesados por desaparición forzada tras la detención de Duarte en 2016, ningún alto mando ha sido juzgado.
IDHEAS y los colectivos de familiares sostienen que persiste un patrón de impunidad y una falta de investigación sistemática sobre los crímenes cometidos entre 2010 y 2016.
“A pesar de las denuncias de las familias, el Estado mexicano no ha realizado investigaciones diligentes”, reiteró IDHEAS.
Con información de AVC Noticias.
Síguenos en Twitter @ElDictamen
O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.
Y también en Instagram: @ElDictamen
Más noticias: AQUÍ