Luego de un análisis hecho por profesionales en materia económica, integrantes del Consejo Patronal de la República Mexicana rechazan la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, en la cual, el gobierno federal busca modificar 23 leyes con el propósito de terminar los contratos con empresas de manera anticipada y sin necesidad de pagar indemnizaciones correspondientes.
En opinión de Juan José Sierra Álvarez, vicepresidente nacional de Centros Empresariales, una medida de esta naturaleza sólo acrecienta el grado de incertidumbre imperante, porque en todo contrato, cuando alguna de las dos partes incumple el compromiso signado tiene que cubrir una pena.
Por lo tanto, la actitud gubernamental provocará que muchos proveedores prefieran la salida del esquema que hasta ahora está vigente.
Todo se encuentra fuera de lugar
Día a día crece la confusión subrayó el veracruzano que despacha en Coparmex nacional, porque “todo se encuentra fuera de lugar” y en los términos señalados, el burocratismo envía señal generadora de desaliento con la falta de respeto a la ley.
Gobierno Federal alienta incertidumbre a inversionistas
De resultar promovida por mayoría de legisladores federales tendría grave impacto en lo general sobre el flujo de inversiones nacionales y extranjeras. México y la población en su conjunto perderíamos oportunidad de desarrollo proporcionalmente a nuestro potencial.
Fomento al abuso del poder
Por otra parte, Sierra Álvarez también se refirió al proyecto presidencial entregado a la Cámara de Diputados el 23 de marzo inmediato anterior en el que propone dar trato preferencial a sus obras prioritarias, es decir, que las mismas arranquen aun sin contar con los permisos ni justificaciones legales, como suele suceder con estudios de impacto ambiental, segmento muy señalado en el sureste del país.
A todas luces, las pretendidas modificaciones -23 – intentan eliminar obstáculos legales a la voluntad presidencial en materia de obras públicas. Evadir requisitos de aprobación de ingenierías básicas o tarifas a cargo de organismos reguladores tal y como lo hacen los particulares.
El argumento central del asunto apuntó el entrevistado radica en que “la regulación no debe aplicar igual para el estado mexicano que en el sector privado”.
Se repiten malos ejemplos anticipados con el programa del Tren Maya donde los estudios de impacto ambiental fueron hechos a un lado, al catalogar el tema de seguridad nacional.
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