El Pleno de la LXVII Legislatura aprobó por unanimidad, el dictamen de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, por el que se asienta como requisito para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público no estar inscrito o inscrita en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias o en el Registro Nacional o Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género o contar con sentencia condenatoria firme por delitos de violencia de género.

El documento puesto a consideración del Pleno por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y para la Igualdad de Género, responde al proceso de armonización legislativa derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la denominada “3 de 3 contra la Violencia”.

El dictamen, respaldado con 39 votos, es resultado del análisis de las iniciativas presentadas por las diputadas Tanya Carola Viveros Cházaro, Dorheny García Cayetano, Astrid Sánchez Moguel y Montserrat Ortega Ruiz.

El documento refiere que las autoras plantean en sus propuestas, por una parte, el alarmante contexto de violencia de género que prevalece en la entidad, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, vulnerando el interés superior de la niñez y constituyendo una forma de violencia económica que afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Ante la coincidencia legislativa de ambos proyectos, las dictaminadoras determinaron integrar, ajustar y perfeccionarlos, con la finalidad de que sean jurídicamente sólidos, eficaces e impugnables, sin vulnerar los derechos establecidos en la Constitución Política de México.

Posicionamientos

Al hacer uso de la voz, la legisladora Dorheny García Cayetano, del Grupo Legislativo de Morena, destacó que cuando hay voluntad política, las causas del pueblo pueden ser ley, por lo con esta reforma se corrige un vacío legal que permitió a personas agresoras o deudoras alimentarias se postulen, compitan e incluso lleguen a cargos de elección o designación, “el servicio público no puede ser refugio de violentadores ni de quienes abandonan a sus hijas e hijos”, precisó.

Agregó, que se establece el impedimento para quienes hayan sido sentenciados por delitos de violencia y que subsistirá únicamente por el tiempo equivalente a la pena de prisión impuesta, contado a partir del cumplimiento de la sentencia.

Por su parte la representante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputada Tania María Cruz Mejía, expresó que esta modificación es un mensaje poderoso para las niñas, niños y mujeres pues las respalda, protege y pone límites, desde la Constitución Política de Veracruz, “para que los agresores no puedan llegar al Poder”.

La diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), subrayó que con la aprobación de esta reforma se da un paso firme, justo y necesario hacia la construcción de un servicio público digno, ético y comprometido con los derechos humanos, pues con la suspensión de derechos se envía un mensaje claro “en Veracruz no hay lugar en el Poder para quienes violentan, abandonen o niegan justicia a sus propias familias o las mujeres, no puede representar al pueblo quien ha fallado en lo más elemental”.

Finalmente, el legislador Héctor Yunes Landa expresó que el sentido positivo del voto del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une va acorde a dar una respuesta ética, jurídica y social a un problema estructural que se ha normalizado como lo es la impunidad, toda vez que no se puede permitir que quien violenta, abandona o abusa, pueda representar a las y los ciudadanos o tomar decisiones.

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