La Corte Suprema de Estados Unidos impidió al estado de Florida aplicar la ley SB 4-C, una de las legislaciones que criminalizaría la entrada de migrantes en situación irregular en este estado del sur del país.
Un juez de distrito federal suspendió la ley en abril, donde argumentó que constituía una interferencia estatal en la política federal de inmigración.
Un tribunal de apelaciones confirmó la decisión de la jueza Kathleen Williams y la Corte Suprema, en una orden no firmada, decidió mantener el bloqueo por el momento.
La ley, que fue rubricada en enero por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, establece penas de prisión para los migrantes que entren en el estado si se encuentran en situación irregular.
Organizaciones de derechos humanos celebran la decisión
Leyes similares han sido bloqueadas por los tribunales federales en otros cuatro estados en respuesta a demandas presentadas por grupos de defensa de los derechos de los migrantes.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) aplaudió el fallo judicial: “Esta decisión reafirma lo que exige la Constitución: que la aplicación de la ley de inmigración es un asunto federal”, afirmó Bacardi Jackson, directiva de ACLU, en un comunicado.
Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unos 5 millones de nacidos en el extranjero, pero este estado ha sido líder en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, quien hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de migrantes en situación irregular.
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