Durante el periodo de enero a julio, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), atendió 8 mil reclamaciones en el estado de Veracruz, dijo la titular de la Unidad de Atención a Usuarios en Veracruz Sharon Andrea Albornoz Nail.

La entrevistada dijo que siguen siendo recurrentes las quejas por cargos no reconocidos, transferencias electrónicas no reconocidas, consumos vía Internet no reconocidos, en la cuestión de bancos y la negativa del pago de indemnización, inconformidad con el tiempo del pago de la indemnización o el pago del bien, por parte de las aseguradoras.

Los reportes en contra de los bancos, sobre todo por la clonación de tarjetas de crédito y de débito, son principalmente de Banamex, sin embargo, se han recibido reportes de BBWA Bancomer, HSBC y el común denominador se da en cajeros de plazas o centros comerciales.

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La entrevistada dijo que los trámites presentados ante la Condusef, son gratuitos y no es necesario contar con un gestor o representante para realizarlos.

También advirtió que no se deben abrir links ni proporcionar datos personales. Cuando se abren links los delincuentes acceden al equipo electrónico del usuario y le sustraen su información.

“Lamentablemente siguen cayendo las personas. Esas llamadas han cambiado, copian la música del banco, los modismos de cómo hablan los ejecutivos y hace que la gente confíe y de información de sus tarjetas”, comentó.

Recordó que se cuenta con una plataforma para la queja electrónica. La ocupa sobre todo la gente que no puede llegar a Veracruz, porque no tiene tiempo, le queda lejos, u otros factores.

La plataforma se llama portal de queja electrónica y funciona las 24 horas.

La respuesta a cada una de las quejas interpuestas depende del caso y puede ser de hasta 20 días hábiles.

“Las quejas son de todas las causas, en la página pueden reclamar desde seguros, tarjetas, Afores, todas las cuestiones que vemos se pueden reclamar por la página de Internet”, comentó.

La gestión electrónica es un proceso en el que la dependencia federal trata que la entidad financiera proporcione una respuesta puntual y clara al usuario en un corto tiempo; si el usuario no queda conforme, puede presentar su reclamación formal con el fin de obtener una audiencia de conciliación.

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