Por mayoría de votos, el Pleno de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz aprobó la Minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Poder Judicial.

En la decimoprimera sesión ordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos, dio apertura al debate y, tras la presentación de posicionamientos de las fuerzas políticas, instruyó abrir el tablero electrónico de votación, que dio como resultado 37 votos a favor y 9 en contra, sin abstenciones.

Entre las disposiciones centrales de la reforma, contenida en la Minuta, está la modificación de la fecha para la próxima elección judicial, del 2027 coincidente con el proceso electoral federal ordinario, al primer domingo de junio del 2028 con el propósito de fortalecer la identidad propia del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de permitir atender los desafíos logísticos en el pasado proceso.

El Senado de la República deberá emitir la convocatoria general para la integración del listado de candidaturas a más tardar el 30 de abril del año anterior al de la elección judicial que corresponda.

Se instaura una Comisión Coordinadora, integrada por una persona integrante de cada Comité de Evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión, misma que será elegida por cada Comité y se crean dos secciones para la conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las cuales funcionarán con aprobación del Pleno y estarán encargadas de desahogar asuntos de menor relevancia permitiendo así gestionar eficientemente las cargas de trabajo de otros asuntos considerados a trámite que pueden ser resueltos en dichas secciones integradas por Ministras y Ministros.

Respecto a la organización de la elección por circuito y especialidad se establece un modelo de organización territorial que toma como unidad básica el circuito judicial y lo subdivide en distritos electorales judiciales determinados según el número de cargos a elegir y las especialidades jurídicas presentes en cada circuito.

De igual forma, se establece que las elecciones judiciales se celebrarán en la misma ubicación geográfica que las elecciones federales ordinarias a fin de evitar el dispendio innecesario de recursos públicos y acercar el proceso democrático a los ciudadanos.

En relación con el periodo de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito que resulten electos en los comicios de 2028 durarán ocho años en el cargo, venciendo este en el año 2036. El periodo de las Magistradas y Magistrados electorales de la Sala Superior que resulten electos en la elección federal del año 2028 durará cinco años, por lo que vencerá el año 2033.

Posicionamientos

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Miriam García Guzmán destacó que la propuesta es contundente porque establece que la revocación de mandato coincida con las elecciones ordinarias, optimizando los recursos públicos y terminando con gastos excesivos y aprovechando la infraestructura electoral ya instalada. Agregó que, “esta reforma ratifica el triunfo de la esperanza sobre el miedo, de la participación popular sobre el dedazo, de la austeridad republicana sobre el derroche elitista y de la justicia sobre la corrupción”.

El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Carlos Marcelo Ruiz Sánchez afirmó que con estos cambios el proceso judicial se perfecciona, toda vez que conserva la paridad entre mujeres y hombres desde la primera etapa del proceso, mantienen los candados frente a la intromisión de los partidos en algo que debe decidir la ciudadanía y se respeta la pluralidad porque reduce el número de aspirantes, sin dejar fuera a quien cumpla los requisitos para competir.

Del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Luz Alicia Delfín Rodríguez dijo que la reforma busca controlar la justicia y convierte a los juzgadores en una competencia política. Añadió que la ciudadanía requiere jueces independientes y no populares, “que no le deban el cargo al gobierno o algún partido. Nosotros seguiremos defendiendo instituciones libres”.

La representante del Partido del Trabajo (PT), diputada Elizabeth Morales García indicó que el propósito de la reforma es claro al fortalecer las reglas que darán funcionamiento al nuevo modelo de integración del Poder Judicial, con disposiciones más exigentes para quienes tendrán la enorme responsabilidad de impartir justicia. Asimismo, detalló que se incorporan reglas para generar confianza ciudadana, mejora los procesos de evaluación, establece criterios homologados para la elección de perfiles, garantiza la paridad de género e impulsa la capacitación y actualización permanente para estos cargos.

Del Partido Movimiento Ciudadano (MC), la diputada María Elena Córdova Molina manifestó que las instituciones no deben integrarse con procesos basados en acordeones o tómbolas y, consideró, que el pueblo ya no cree en los procedimientos de este tipo y la prueba fue la participación de solamente el 13 por ciento en la elección judicial de 2024. “La justicia se fortalece escuchando a especialistas y a la sociedad. Las reformas que se construyen sin consenso aparecen posteriormente con parches o modificaciones constantes”.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana Rosa Valdés Salazar calificó de innecesaria la reforma de 2024 que eliminó las salas de la SCJN para que ésta funcionara en Pleno. “Ahora se crearán secciones que permitan al Pleno conocer asuntos de fondo que sienten criterios obligatorios, es decir, las secciones harán el trabajo que hacían las salas”.

El diputado sin partido, Héctor Yunes Landa, consideró que posponer la elección judicial al domingo 4 de junio de 2028 no corrige los errores ni garantiza la transparencia del proceso, tampoco otorga certeza sobre la imparcialidad y autonomía de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Lamentó la baja productividad del Pleno de la SCJN al eliminar las salas especializadas. “No habrá justicia en tanto los juzgadores surjan de un acordeón y no de un proceso de formación y carrera judicial”, puntualizó.

En el debate en lo particular intervinieron las diputadas Dorheny García Cayetano e Indira de Jesús Rosales San Román y los diputados Adrián Sigfrido Ávila Estrada y Paul Martínez Marie.

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