La reciente actualización del Reglamento de Inspecciones en materia de seguridad e higiene laboral obliga a las empresas a fortalecer sus medidas internas y adoptar una cultura de prevención permanente, señaló Alonso López Cantero, presidente de la Comisión de Protección Civil de Coparmex Veracruz.
El representante empresarial, explicó que ya no basta con cumplir únicamente los requisitos normativos, sino que las compañías deben integrar la seguridad como parte fundamental de sus operaciones diarias.
Indicó que las inspecciones realizadas por la autoridad municipal han incrementado entre un 25 y un 35 por ciento, lo que implica una mayor vigilancia y exigencia para el sector empresarial.
Aunque reconoció que la capacidad de supervisión aún es limitada frente al número de negocios existentes, destacó que las revisiones se realizan con mayor frecuencia que en años anteriores.
López Cantero, subrayó que la seguridad laboral debe considerarse una inversión y no un gasto adicional para las empresas.
Ya no basta con cumplir únicamente los requisitos normativos, sino que las compañías deben integrar la seguridad como parte fundamental de sus operaciones diarias
Explicó que contar con protocolos adecuados permite disminuir la rotación de personal, reducir accidentes y mejorar las condiciones laborales, además de generar beneficios como la disminución en las primas de riesgo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Añadió que los empleadores deben priorizar la capacitación constante de sus trabajadores, especialmente en temas como primeros auxilios y manejo defensivo, con el fin de actuar correctamente ante situaciones de emergencia o riesgo.
Señaló que estas acciones no solo buscan cumplir con la autoridad, sino proteger la integridad del personal.
Respecto a las inconformidades que algunos sectores han manifestado ante la reforma, aclaró que la intención no es oponerse, sino impulsar un enfoque preventivo que beneficie tanto a trabajadores como a empresas.
Advirtió que el incumplimiento de las disposiciones puede derivar en sanciones económicas e incluso en la clausura temporal o definitiva de los establecimientos.
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