Aunque recientemente se dio a conocer la sentencia por el feminicidio de Monserrat Bendimes Roldán, en el estado gran parte de los casos de este delito aun permanecen en la impunidad.

El estudio Perpetuar la violencia contra las mujeres: impunidad en casos de desaparición, trata de mujeres y feminicidios en México realizado por la Ibero Puebla señala que entre el 2019 y 2023, la impunidad en el estado era de un 89 por ciento por el delito de feminicidio, es decir que ese es el número de casos de los que no se logra una sentencia.

La cifra supera lo que se presenta a nivel nacional, donde la impunidad alcanza el 72.9 por ciento. Con eso se convierte al estado en uno de los estados con mayor impunidad, después de Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Jalisco, Guerrero.

Las lágrimas cayeron por el rostro de Cecilia Roldán, la mamá de Monse, cuando oyó la sentencia contra el feminicida de su hijo. Con los 70 años que pasará en prisión, ella consideró que había llegado la anhelada justicia.

Lo que ella considera no está alejado de lo que las activistas y las leyes marcan: la condena es un paso para abatir la impunidad. El propio juez del caso lo dijo, que dar un castigo justo da un mensaje de no tolerancia y evita la repetición.

Entre los desafíos para lograr la justicia, afirma, se encuentran que se deben tomar en cuenta las desigualdades de género

“Frente a la violencia institucional y patriarcal que en muchas ocasiones sigue operando en las Fiscalías, y que obstaculiza la debida diligencia en la investigación e invisibiliza las desigualdades de género, desde una mirada feminista, las sentencias logradas y emitidas bajo la perspectiva de género, constituyen un logro muy relevante en el sistema de justicia. Que si bien, no lo son todo, son un paso importante para el acceso a la misma y a la disminución de la impunidad frente a este delito”, indica el documento de la Ibero.

De acuerdo con el estudio la sentencia es también una forma en que las familias que son víctimas indirectas obtienen justicia y se les garantiza la reparación integral del daño pero que muchas veces no logran.

“Conlleva el reconocimiento de la lucha que las familias de las víctimas indirectas enfrentan, exigiendo al Estado que cumpla con su responsabilidad de garantizarles el derecho a la verdad y a la justicia, desde el momento en que se enteraron del asesinato de sus hijas”, señala.

Entre los desafíos para lograr la justicia, afirma, se encuentran que se deben tomar en cuenta las desigualdades de género, integrar a las familias para las investigaciones.

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