El Tribunal Superior de Justicia pospuso la audiencia donde decidiría si puede continuar un juicio por desaparición forzada en contra del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

La audiencia donde se retomaría el caso de desaparición forzada y se decidiría si se va a juicio contra el exgobernador se llevaría a cabo este 26 de noviembre, sin embargo ya en el sitio fue pospuesta para el 16 de enero bajo el argumento de cuestiones técnicas.

Ante ello, tanto el Consejo Estatal Ciudadano de Veracruz como colectivos de búsqueda pidieron que la resolución de la causa penal 103/2018 garantice los derechos de la víctimas y permita que el exgobernador sea procesado y condenado por las desapariciones forzadas.

“(La audiencia) no solo revisa un dato de prueba. Revisa la credibilidad del sistema de justicia, la dignidad de las víctimas y el compromiso del Estado con la verdad”, afirma un texto compartido por el Colectivo Belén González.

Realizarán audiencia por desaparición forzada contra Javier Duarte 

“Durante el periodo del exgobernador, Veracruz vivió uno de los episodios más oscuros de violencia, con centenares de desapariciones, fosas clandestinas, omisiones, encubrimientos y una crisis forense que persiste hasta hoy. Aunque Duarte no ha sido condenado por desaparición forzada, los colectivos, investigaciones periodísticas y testimonios de familiares han colocado su administración en el centro de cuestionamientos graves sobre responsabilidad política y posibles omisiones que contribuyeron a estos crímenes. Muchas de esas investigaciones siguen en curso y ante la posibilidad de que el sea liberado crea una incertidumbre para las familias que aún esperan justicia”, recuerda.

La audiencia se debe realizar debido a que existe un procedimiento contra Javier Duarte donde se resolvió que una de las pruebas fuera calificada como nula y con ello se sobreseyó el caso en noviembre del 2024. La resolución fue impugnada y ahora el Tribunal deberá de calificar de nueva cuenta esas pruebas para determinar si el proceso continúa.

“La claridad sobre lo ocurrido constituye un elemento fundamental para prevenir la repetición de situaciones que vulneren derechos humanos y para promover una cultura orientada a la legalidad, la verdad y el respeto a la dignidad. La sociedad veracruzana tiene derecho a que las instituciones actúen con seriedad frente a hechos que han generado sufrimiento social prolongado”, afirma el Consejo Ciudadano.

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