A partir del próximo año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reforzará su estrategia para combatir la evasión fiscal mediante auditorías exprés y sanciones más estrictas a quienes emitan o utilicen facturas falsas.

Con este nuevo esquema, la autoridad fiscal podrá resolver en un plazo máximo de 24 días hábiles si una empresa incurre en la expedición de comprobantes fiscales apócrifos, lo que representa una reducción significativa en los tiempos de investigación.

De acuerdo con Agustín Celorio Vela, integrante del Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, el objetivo del plan federal es recuperar 540 mil millones de pesos durante el ejercicio fiscal de 2026, como parte de la política nacional para erradicar a las llamadas empresas factureras.

“La Presidencia, a través de la doctora Sheinbaum, plantea que México no necesita incrementar impuestos, sino reducir la evasión fiscal, que actualmente equivale entre el 1 y el 10 por ciento del PIB. Esto representa cerca de un billón de pesos, y el objetivo es recuperar más de la mitad de ese monto mediante acciones directas contra estas operaciones ilícitas”, explicó.

El SAT reforzará los controles fiscales e impulsará sanciones más estrictas a quienes emitan o utilicen facturas falsas

El especialista, destacó que el SAT intensificará la revisión de comprobantes fiscales y que el nuevo procedimiento será más ágil y riguroso.

En un plazo de solo 24 días hábiles, la autoridad podrá determinar si una empresa incurre en facturación falsa y, en su caso, procesar penalmente a sus integrantes bajo la figura de delincuencia organizada, con prisión preventiva oficiosa.

Celorio Vela recordó que, desde 2014, el SAT ha incluido en sus “listas negras” a entre 12 y 13 mil empresas clasificadas como factureras, y advirtió que el gobierno federal mantendrá una postura firme con acciones más agresivas para eliminar estas prácticas.

Asimismo, indicó que existen propuestas legislativas para aumentar las penas por defraudación fiscal, que podrían elevarse de ocho hasta quince años de prisión, dependiendo del monto evadido.

Para finalizar, el especialista subrayó la importancia de fortalecer la cultura contributiva y fomentar que los contribuyentes cuenten con asesoría profesional para evitar incurrir en irregularidades.

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