El contralor general del estado, Ramón Santos Navarro, advirtió que la empresa encargada de la construcción del Nido del Halcón en Xalapa podría ser inhabilitada debido al retraso significativo en la entrega de la obra. Explicó que, una vez concluido el inmueble, se realizarán revisiones técnicas, financieras y estructurales para determinar si existen observaciones.
“En el caso del Nido del Halcón como lo mencionó anteriormente ya la gobernadora, es una obra que todavía no concluye, está por concluir y una vez que se entregue se harán las revisiones tanto técnicas como financieras y estructurales para ver si con los ingenieros que son los expertos y especialistas en estructuras dan una observación o hacen alguna observación”, declaró.
El funcionario aclaró que, si las irregularidades recaen en el contratista, se iniciará un procedimiento administrativo.
“Las compañías son factibles de ser inhabilitadas un tiempo en el caso de retrasos significativos. La ley marca a veces alguna posibilidad de algún retraso normal, pero si es demasiado retraso se le debe hacer una observación y se estudia la posibilidad de ser sancionadas para que no trabajen un tiempo ante el gobierno del Estado”, precisó.
La construcción del complejo deportivo ya acumula un sobrecosto de 200 millones de pesos y un retraso de seis meses.
Originalmente presupuestada en 730 millones, la obra pasó a costar 958 millones de pesos tras no acreditarse la propiedad del terreno. Además, debía concluirse en marzo de este año, lo que no ocurrió.
Denuncia penal y sanciones administrativas contra Sisniega
Por otro lado, Santos Navarro confirmó que el exadministrador de la Secretaría de Salud, Jorge Eduardo Sisniega Fernández, enfrenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la posibilidad de sanciones administrativas derivadas de presuntas irregularidades detectadas en su gestión.
“Hay una denuncia que es pública y está ante la Fiscalía, involucra a varias personas, entre ellas a Sisniega. Estamos haciendo el procedimiento para sancionarlo no solamente a él sino a todos los involucrados para que se les sancione conforme a la ley”, señaló, sin precisar el número de funcionarios implicados.
Cabe recordar que en mayo pasado, la gobernadora Rocío Nahle García informó sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República por un presunto daño patrimonial de 200 millones de pesos detectado en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
El contralor rechazó que las investigaciones se traten de persecuciones políticas. “Negó que se trate de una ‘cacería de brujas’. Es muy claro y es muy importante mencionarlo que nuestra gobernadora ha instruido siempre que haya cero tolerancia, sean funcionarios públicos del pasado o sean funcionarios públicos actuales, no hay quien tenga una inmunidad”, sostuvo.
Agregó que, en caso de acreditarse actos constitutivos de delito, se presentarán las denuncias correspondientes, y si se trata de faltas administrativas, se aplicarán las sanciones de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Con información de AVC Noticias.
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