En Veracruz, 12 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han tenido que recurrir a buscar protección federal debido a los riesgos de seguridad y las agresiones que enfrentan en su trabajo de encontrar a sus seres queridos.

El informe Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México de Amnistía Internacional, señala que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno Federal, ha incorporado colectivos completos en varias entidades del país y Veracruz es la tercera con mayor número.

“Ha incorporado a 134 colectivos de personas buscadoras de diversas entidades federativas, destacando Michoacán (15), Guanajuato (14), Veracruz (12), Baja California (11), Tamaulipas (11), Jalisco (10), Sonora (9), Estado de México (9) y Guerrero (9).

En su análisis, la principal agresión identificada es amenazas, seguidas del seguimiento y/o vigilancia, posteriormente las agresiones físicas, después la privación de la vida de familiares o colaboradores y, por último, el allanamiento en su domicilio”, asegura.

Además, el documento indica que algunas madres buscadoras han señalado que se les niega el registro ante el Mecanismo, lo que afecta las cifras al tiempo que las pone en riesgo.

Esto, detalla por que el 97% de las buscadoras señalaron haber enfrentado diversas violencias y afectaciones relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas.

Colectivos de búsqueda en Veracruz enfrentan situaciones de violencia

“Buscar a una persona desaparecida es una actividad de alto riesgo en México que puede poner en peligro la vida. De 2011 a la fecha, al menos 30 familiares de personas desaparecidas (16 mujeres) han sido asesinadas. Las mujeres buscadoras realizan su labor en un ambiente hostil de discriminación estructural por su género, por alzar la voz y ser defensoras de derechos humanos, así como por ser víctimas de desaparición”, indica.

Afirma que en el país las personas se han tenido que organizar en colectivos para organizar las búsquedas, pero con ello siguen expuestas a múltiples riesgo a la seguridad.

“En las autoridades mexicanas recae la obligación de buscar a las personas que han sido sujetas de desaparición, sin embargo, ante sus omisiones e ineficacia, han sido las familias y principalmente las mujeres –madres, esposas, hermanas, hijas- quienes han asumido las labores de búsqueda en sus manos, adentrándose en centros de privación de la libertad, calles, zonas peligrosas y terrenos baldíos, muchos de ellos donde opera el crimen organizado”, señala.

Sumado a los riesgo de seguridad, indica el informe, otros problemas que enfrentan son las afectaciones a la salud y la falta de recursos económicos derivado de que el dinero lo destinan a la búsqueda.

“La gran mayoría de buscadoras ha tenido afectaciones en materia de salud física y mental, destacando la depresión, el insomnio y la aparición de enfermedades o el deterioro de enfermedades prexistentes (…) Además, las mujeres buscadoras dedican sus recursos económicos y sociales a la búsqueda, en detrimento de sus propias condiciones de vida digna, más cuando provienen de contextos de empobrecimiento, escasos recursos y/o empleos precarizados”, asegura.

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