La decisión del gobierno del Estado de regresar al cobro de tarifa del servicio de taxi como funcionaba hace 23 años, fecha de la última actualización autorizada está fuera de la realidad afirmó el contador Guillermo Larios Barrios, presidente ejecutivo de la Central Taxi GL.

Con sólo aplicar el sentido común se deduce el error del ordenamiento, cuando todos los insumos aumentaron de costo de manera exponencial: gasolina, llantas, autopartes, salario, los automóviles de $ 90 mil hace 23 años, ahora cuestan $ 300 mil, el más barato; por lo tanto, el empresario del transporte público considera que la jefa del Poder Ejecutivo debe enriquecer información para establecer equilibrio, producto de acuerdos.

Entre hoy y mañana más conflictos 

Recientes reportes llegados de la Ciudad de Xalapa, según Larios Barrios revelan manifestaciones de conflictos entre usuarios y choferes, porque los primeros se niegan a pagar el servicio de recorrido mínimo argumentando que la gobernadora del Estado ordenó la aplicación de tarifa autorizada cuando esto ocurrió poco más de 2 décadas atrás.

Esa situación se podría repetir entre hoy jueves o viernes en la conurbación Veracruz-Boca del Río cuando la autoridad sancione a quienes cobren entre $ 40.00 y $ 50.00 por el recorrido más corto del esquema urbano – unas cuantas cuadras – y exijan retornar al esquema tarifario anterior.

La reacción prevista , desde el punto de vista del informante podría ser que prestadores de servicios que rentan placas caigan en situación deficitaria y prefieran dejar el negocio incosteable en perjuicio de miles de familias que el uso del taxi representa un recurso cotidiano en la movilidad urbana.

Ahora bien, al referirse a los acuerdos que dieron pie a la decisión gubernamental, el presidente de Taxi GL restó veracidad. Tal vez las reuniones mencionadas ocurrieron con un grupo de amigos cercanos al régimen o de los clásicos “aplaudidores” que nunca faltan.

En fin, el problema está encendido, falta diálogo que allane el camino y Veracruz continue en condiciones razonables de tranquilidad en las relaciones de gobierno con los 12 000 taxistas de la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río y los 120 000 casos a escala estatal.

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