La Suprema Corte de Justicia de la Nación dirimirá la próxima semana el tema de la Prisión Preventiva Oficiosa, respecto a la cual determinará con precisión cuándo es necesario y cuándo no, aplicar esta medida cautelar en los procesos penales, anunció el Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC.
En conferencia de medios, su presidente Jorge Reyes Leo, acompañado del vicepresidente, Tomás Mundo Arriasa, subrayó que el análisis de la Corte es necesario porque la aplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa, especialmente en Veracruz, se está aplicando con base en interpretaciones y de manera selectiva que deja en la indefensión a los sujetos de un proceso.
Citó los casos más representativos en la entidad de la aplicación indebida de esta medida cautelar: el de José Manuel del Río Virgen y el de la exjueza Angélica Sánchez Hernández, quienes actualmente están libres, pero que en un principio fueron apresados acusados de delitos de los que no se ha podido comprobar su participación.
Por ello, sostuvo Reyes Leo, el organismo colegiado que preside ha abrazado el Proyecto Inocencia impulsado por Del Río Virgen, para liberar a infinidad de personas que están privadas de su libertad sin justificación legal.
“Lamentablemente el Poder Judicial del estado de Veracruz, la Fiscalía General, han abusado de la Prisión Preventiva Oficiosa como medida cautelar”, puntualizó.
Citó que existen 12 medidas cautelares, porque la 13 es relativa al arraigo domiciliario.
Analizarán en la Corte la prisión preventiva oficiosa
Comentó que el fondo de lo que va a estudiar la Corte sobre la Prisión Preventiva Oficiosa, es la valoración de todos los diversos criterios que se han establecido, porque las sentencias que sí son vinculatorias para el Estado Mexicano, son las pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Planteó que se debe analizar la Prisión Preventiva Oficiosa que se ha declarado inconvencional.
Explicó que la propia legislación penal indica que en el debido proceso para fincar una prisión preventiva se debe motivar y justificar por parte del órgano jurisdiccional.
Por su parte Tomás Mundo Arriasa, hizo un llamado a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado y a la Fiscalía General analizar la sentencia del amparo directo 4/2022 de la Corte en donde se dan los lineamientos que se deben de cubrir para no estar encarcelando inocentes con fabricación de delitos.
Reveló que actualmente ya hay en cárceles del estado más de 4 mil presos acusados del delito de “ataques a las fuerzas de seguridad pública” cuyos casos no tienen el sustento jurídico para mantenerlos privados de su libertad.
En tanto, Jorge Reyes Leo insistió en que no solo porque el numeral 19 constitucional diga: este delito merece prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, inmediatamente se debe de aplicar.
“No se deben aplicar en automático porque precisamente la Fiscalía es la que tiene la obligación de solicitar esa medida justificando todo el accionar que debe reunir ciertos requisitos, desde probar el argumento de que tiene la persona imputada tenga la opción o los recursos económicos para evadir la acción de la justicia, hay que ver de donde se sustenta esa percepción de que tiene recursos”, señaló.
En todo esto, remarcó, la Fiscalía debe llevar con pruebas contundentes para que el órgano jurisdiccional esté en posibilidad de proveer conforme a derecho si se da la prisión preventiva o no.
En la conferencia de prensa, estuvieron presentes José Manuel del Río Vírgen, impulsor del Proyecto Inocencia (secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado), y la exjueza Angélica Sánchez Hernández.
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