Los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública por los que se aplicó medida de prisión preventiva justificada de un año a la jueza Angélica Sánchez, serán difíciles de probar, ya que la Fiscalía tendrá que acreditar que hizo mal uso de los verbos rectores de “promueva o gestione” en la ejecución o resolución de un acto oficial en beneficio propio o de un tercero, señaló el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa.
Puntualizó que ella es juez, y en la liberación de un detenido actuó con base en un amparo de un juez federal, no se aprovechó de ninguna situación para señalarla de tráfico de influencias, por lo que reiteró que será muy difícil que se pruebe ese delito para poderla vincular.
En la misma forma, en lo que corresponde al delito contra la fe pública. Entonces, subrayó el abogado, se observa que la detención de la juez la cubrieron con el matiz de legalidad y le inventaron los delitos.
Por ello, sostuvo, la detención, permanencia y el abuso de la prisión preventiva es a todas luces violatoria de sus derechos más elementales.
Insistió que la Fiscalía General del Estado necesitaría acreditar todos y cada uno de los verbos rectores que tienen cada tipo penal. Consideró que con la detención de la jueza, se percibe un peligro para el Estado de Derecho en Veracruz.
“Se está cometiendo estupidez jurídica tras estupidez, desde la creación de normas en el Congreso y un total analfabetismo jurídico en la creación de leyes, hasta la aplicación del derecho”, insistió Mundo Arriasa.
Citó que en la calificación del World Justice Project (Proyecto de Justicia Mundial), la Fiscalía de Veracruz tiene un 0.13 por ciento de eficacia en la investigación, en donde el máximo es 1, es decir una décima parte investiga eficazmente los delitos.
Además, anotó, se tiene al peor Tribunal de Justicia del país en materia penal y civil. En lo civil es el peor solito y en lo penal ocupa el último lugar junto con Morelos y Puebla.
Acusó que no hay autonomía, “les están metiendo una camisa de fuerza a los jueces, reciben instrucciones de cómo deben actuar, y seguir los lineamientos que dictan los fiscales, lo cual es terrible”.
Difícil que fiscalía acredite delitos por los que aplicó prisión preventiva a jueza Angélica Sánchez
Consideró que a la jueza Angélica Sánchez se le está violando su derecho a la presunción de inocencia, ya que hay tres requisitos: la proporcionalidad de la pena, la subsidiariedad de la prisión preventiva, y la excepcionalidad, que los jueces tienen que ver, sí o sí, cuando apliquen la prisión preventiva justificada en este caso.
Sin embargo, comentó, cuando en Veracruz se tiene más del 50 por ciento de la población carcelaria en prisión preventiva justificada, es decir procesados y que todavía no han sido condenados, nos arroja que estamos a la par de Nicaragua, de Ecuador, en el abuso de la prisión preventiva.
Cuando España anda el 15 por ciento de su población carcelaria. Es decir allá si se cumple con el estándar de excepcionalidad de la prisión preventiva, no la regla como es aquí en Veracruz. Advirtió que esos jueces que están haciendo caso a lo que se les indica, más adelante podrían ir a prisión, “si los abogados empezamos a poner denuncias contra ellos”.
Sus padrinos políticos –expresó Tomás Mundo- que les piden los favores, se van a ir y ellos se quedarán con la conducta que es reprochable a cada uno de los juzgadores que se aparten de los derechos y las obligaciones que como juzgadores deben cumplir, respetando la constitucionalidad.
Planteó que en su defensa, la jueza debe mantener su esperanza en el Poder Judicial Federal, que son los garantes de la legalidad y de la Constitucionalidad. “No hay duda de que la jueza va a ganar amparos, porque todo lo que están haciendo es un cochinero”, matizó Tomás Mundo Arriasa.
Lo más elemental, sostuvo, están violentando el derecho a la Defensa, al debido proceso, el derecho a ofrecer pruebas, a la defensa adecuada.
Recomendó pedir inmediatamente el cambio de medida cautelar para que le quiten la prisión justificada, y permitan incluso a medios de comunicación entrar a las audiencias para que se escuche el debate, cuáles son los datos de prueba, los razonamientos probatorios que tiene la Fiscalía para derribar el derecho constitucional que tiene la jueza que es el derecho a la presunción de inocencia.
“Que permitan que el pueblo vea cómo se aplica la justicia”, finalizó.
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