Tras más de 15 horas de audiencia, la noche del miércoles el juez Antonio Zarur Ahumada resolvió vincular a proceso al exfiscal Jorge N por su presunta responsabilidad en el delito de tortura, en agravio de la Gilberto Aguirre, ex director de periciales.

El Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 115/2025.

De acuerdo con el abogado de la defensa, Jorge Reyes Peralta, permanecerá en prisión preventiva durante un año.

Jorge N está acusado del delito de tortura, el mismo por el que ya enfrenta otra investigación bajo prisión domiciliaria. En este caso, se le señala por presuntamente interrogar con violencia y sin la presencia de un abogado al exdirector de los Servicios Periciales durante el periodo del ex fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Durante la audiencia se presentaron pruebas que indican que los interrogatorios se realizaban de madrugada y con música a alto volumen como método de presión.

La defensa encabezada por Jorge Reyes Peralta y Jorge Reyes Leo, denunció un presunto “pacto” entre Jorge y la presidenta del Poder Judicial. Según los abogados, esa relación hacía prever que Jorge podría salir libre. Sin embargo, al final de la audiencia, Reyes Peralta afirmó que “se impuso la justicia”.

Incluso, durante la tarde, el abogado aseguró que Jorge N se mostraba confiado y, presuntamente, lanzó amenazas al juez Antonio Zarur, advirtiéndole que lo denunciaría si lo vinculaba a proceso. También señaló que le gritaba: “Mírame a los ojos”.

Con esta resolución, Jorge N deberá continuar su proceso legal privado de la libertad. Según Reyes Peralta, podría enfrentar hasta 20 años de prisión, dependiendo del resultado de la investigación complementaria. La defensa aún puede apelar la decisión del juez.

La defensa de Jorge N apelará

Luis Enrique González Lira, abogado defensor del exfiscal, anticipó que impugnarán la resolución ante la justicia federal. Denunció que durante la audiencia se rechazaron las pruebas presentadas por violaciones a derechos humanos, incluyendo una solicitud de sobreseimiento por el principio de prohibición de doble enjuiciamiento.

Según explicó, ya existía una resolución previa de no ejercicio de la acción penal sobre los mismos hechos, emitida por un fiscal que, tras investigaciones, concluyó que el relato de la supuesta víctima no era creíble.

“La Fiscalía pretende reabrir el caso con las mismas pruebas que ya fueron desestimadas. Esto es materia de impugnación, confiamos en que las autoridades federales lo resolverán conforme a derecho”, subrayó.

AVC

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