El juez de control y procedimiento penal oral del XI distrito judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, dictó auto de vinculación a proceso en contra de la jueza Angélica “N”.

Después de más de diez horas de audiencia con varios interrupciones donde no se dejó a entrar a abogados de la defensoría publica ni a representantes del alto comisionado en Derechos Humanos de la ONU.

Se le declaró como presunta responsable de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia y ratificó la medida cautelar de un año de prisión preventiva justificada, el juez dictó las medidas en una audiencia que decreto como privada.

Se informó que la carpeta de investigación respectiva se inició por denuncia interpuesta por el Poder Judicial del Estado en contra de la ahora vinculada, al haber realizado ésta una certificación de hechos que no son ciertos y dando fe de otros que no le podían constar,”  ya que se trataba de hechos que ocurrieron en un lugar diverso a aquel en el que se encontraba la citada juzgadora”. 

Minutos después en un comunicado de prensa, la Fiscalía informó  que los hechos probablemente constitutivos de delito en agravio de la administración de justicia, son derivados de diversas acciones que realizó la jueza en un cuadernillo de amparo:

Vinculan a proceso a Jueza Angélica, le dan un año de prisión

“ Donde hizo constar la existencia de un juicio de amparo y dando fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a Itiel “N”; sin embargo, una vez consultado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo que hizo constar no correspondían el quejoso ni la materia; aunado a que no existe registro en los libros del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Cosamaloapan, por lo que se tipifica la probable comisión del delito contra la fe pública”. 

El comunicado también señala : “Por cuanto hace a la probable comisión del delito de tráfico de influencia, aprovechándose de la comisión para conocer de un asunto en particular, realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al CEFERESO de Coahuila, gestionando la liberación de una persona privada de su libertad, acto para el cual no estaba facultada; presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución”.

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