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Tarek Abdalá continúa libre pese a desvío de recursos en el Seguro Popular

Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca concentran la mitad de los recursos federales sin aclarar durante el periodo 2013-2017, según las revisiones de la ASF

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El exdiputado federal, Tarek Abdalá Saad, permanece en la mira de autoridades por el desvío de recursos al Seguro Popular en Veracruz, sin embargo aún no se ha procedido legalmente en su contra.

De acuerdo con el diario Milenio, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca concentran la mitad de los recursos federales sin aclarar durante el periodo 2013-2017, ya que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 16 mil 13 millones de pesos.

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En los cinco años fiscales revisados, la ASF realizó 174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país; seis de ellas en cuatro estados, concentran el 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar.

Las auditorías corresponden a los estados de Veracruz, con 4 mil 73 millones de pesos, Michoacán con mil 587 mdp, Jalisco con mil 138 mdp y Oaxaca con 914 mdp.

La ASF reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, solo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, es decir que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde 2013.

En la auditoría 864, la ASF detectó que en 2013 el gobierno de Veracruz “no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa”; desde hace cinco años el gobierno estatal no ha subsanado la irregularidad por mil 29 millones de pesos de ese ejercicio fiscal.

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), transfirió los recursos destinados para la salud de los beneficiarios del Seguro Popular a favor de cuentas bancarias a nombre del gobierno del estado de Veracruz.

Resultado de esta auditoria, la ASF presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese mismo año, la ASF detectó que Veracruz compró medicamentos a un precio superior al de referencia, pero gastó menos dinero del que tenía destinado a ese rubro, lo que generó desabasto de medicamentos, reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas.

En la administración del exgobernador Javier Duarte, hoy sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, la ASF también exige la aclaración o devolución de 2 mil 477 millones de pesos.

Resultado de la auditoría 1544, las autoridades interpusieron una denuncia de hechos ante la PGR porque, una vez más, los recursos federales fueron transferidos a cuentas distintas por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), que estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad, quien hasta el 31 de agosto pasado gozaba del fuero que le daba ser diputado federal del PRI.

La Fiscalía General de Veracruz (FGE) solicitó su desafuero en 2017, pero el PRI mandó el juicio de desafuero a la congeladora.

Tarek Abdalá ha sido señalado como parte del mecanismo de Duarte para desviar miles de millones de pesos de fondos federales y estatales mediante el uso de empresas fantasma.

En la auditoría 1544 se documenta que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Veracruz destinó recursos por 163 mil 205 pesos para el pago de facturas de un proveedor fantasma, así como 254 millones 700 mil pesos que fueron transferidos de la cuenta bancaria donde estaban los recursos federales enviados para el Seguro Popular a las cuentas del gobierno del estado, sin evidencia de que se hayan empleado para el fin que tenían.

Tarek Abdalá fue inhabilitado en noviembre de 2016 por 10 años por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público, a raíz de la investigación derivada de la denuncia de la ASF, pero el dinero para la salud de los veracruzanos no se ha devuelto.

Con información de Milenio

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Concluyó la remodelación del SEMEFO de Coatzacoalcos

Personal de Servicios Periciales realizaron la diligencia de traslado de los restos humanos en 21 bolsas en donde estaban contenidos y clasificadas un total de 23 personas.

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SEMEFO de Coatzacoalcos

Concluyó la rehabilitación del Servicio Médico Forense de Coatzacoalcos, el cual contará con un espacio digno para depositar los cuerpos de personas fallecidas.

La activista Belén González, confirmó que los 23 cuerpos que habían sido trasladados al SEMEFO de Las Choapas, en lo que duraban los trabajos de mantenimiento, ya fueron traídos de nueva cuenta.

Agregó que la remodelación incluye cámaras de refrigeración, extractores de aire y demás.

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“No está en la mejor condición, pero ya está digno, ya tiene refrigeración, nichos, espacios para trabajar, extractores de aire y está en mejores condiciones”.

Los trabajos fueron de manera provisional y se espera poder construir uno nuevo en un espacio que fue donado por el mismo Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

De los cuerpos traídos  expuso que se encuentran en buenas condiciones.

Fueron embalados de manera correcta y con el nuevo SEMEFO, cada uno tiene su espacio de manera individual.

Personal de Servicios Periciales realizaron la diligencia de traslado de los restos humanos en 21 bolsas.

La activista dijo que dieron acompañamiento al operativo de traslado de los restos humanos para verificar que permanezcan debidamente resguardados por parte de las autoridades ministeriales.

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Aprueban comparecencias de organismos autónomos

Congreso determinó que iniciará Fiscalía el martes 21 de enero; el mismo día, CEDH, posteriormente el miércoles 22 comparecerán IVAI y CEAPP; y concluye el ORFIS, el viernes 24 de enero.

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Comparecencias de organismos

El Congreso del Estado de Veracruz, aprobó y definió el calendario de las comparecencias de los titulares de organismos autónomos.

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) estableció que el próximo martes 21 de enero acudirá a la Legislatura la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández, a las 10:00 horas.

El mismo día a las 17:00 horas acudirá la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Namiko Matzumoto Benítez.

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Para el miércoles 22 deberá comparecer el titular del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), José Rubén Mendoza Hernández, a las 10:00 horas.

Posteriormente, a las 17:00 horas acudirán los responsables de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

Concluirá el viernes 24 a las 10:00 horas acudirá la titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos.

Las comparecencias se realizarán en el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo.

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Veracruz y Coatzacoalcos, las ciudades más temidas del estado

El puerto de Veracruz tuvo cambios significativos en la estadística de la percepción social de inseguridad realizada por el INEGI

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Veracruz y Coatzacoalcos, las ciudades más temidas del estado

Veracruz y Coatzacoalcos, las ciudades más temidas del estado.- En 2019 la percepción de inseguridad por parte de los veracruzanos creció de manera considerable en ciudades de interés como Veracruz y Coatzacoalcos.

Esto debido a la fuerte incidencia de delitos a mano armada, asaltos, secuestros, homicidios dolosos y violencia sexual en contra de mujeres, que las autoridades estatales no fueron capaces de frenar.

De acuerdo con el vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), publicada este 16 de enero por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Veracruz y Coatzacoalcos son las ciudades más temidas en la entidad. La población consideró que vivir en estos municipios es de alto riesgo.

Veracruz y Coatzacoalcos, las ciudades más temidas del estado

El puerto de Veracruz tuvo cambios significativos en la estadística de la percepción social de inseguridad.

De diciembre de 2018 al mismo mes pero de 2019, el temor de la población pasó de 78.7 a 82.3 por ciento.

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No obstante, el pico más alto se dio de septiembre a diciembre de 2019, pues la apreciación del riesgo creció de 69.2 a 82.3.

Además, en el cuarto trimestre del último año el porcentaje de la población que tuvo de manera directa algún conflicto o enfrentamiento aumentó de 27 a 33.1 puntos.

Este se dio tanto con familiares, como con vecinos, compañeros de trabajo o escuela, establecimientos o con autoridades.

En tanto, Coatzacoalcos registró un 89.4 por ciento de percepción social sobre inseguridad pública, cifra que apenas disminuyó en relación a la reportada en diciembre de 2018.

Cortinazos

Pese a ello, la delincuencia en el municipio sureño persiste y prueba de ello son los constantes robos a comercios, conocidos como “cortinazos”.

Fue por esta razón que los empresarios de la zona solicitaron la posibilidad de armarse.

No obstante, la ciudad petrolera tuvo un crecimiento en los conflictos y conductas antisociales.

Lo que provocó que, en el cuarto trimestre de 2019, la ENSU reporta que un 30 por ciento de su población se enfrentó con familiares, vecinos u otros.

Percepción nacional

A nivel nacional, el 72.9 por ciento de los mexicanos encuestados de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

El temor fue mayor en las mujeres con un 77.2 por ciento, mientras que para los hombres fue de 67.8.

Las ciudades con mayor percepción de inseguridad en el país fueron Puebla, Tapachula, Ecatepec, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9 por ciento respectivamente.

Veracruzanos, víctimas de la corrupción

El 27.6 por ciento de la población veracruzana dijo ser víctima de un acto de corrupción al tener contacto con autoridades de seguridad pública por incidentes de tránsito, infracciones, detenciones por riñas, o faltas a la moral o administrativas.

Dicha cifra, informada por el INEGI en su encuesta de seguridad urbana, evidencia no sólo los actos de corrupción por parte de funcionarios de seguridad pública, sino también la poca confianza que sienten los veracruzanos hacia las autoridades.

En el país, el 14.6 por ciento de la población encuestada de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, de esta muestra el 48.3 por ciento experimentó algún acto de corrupción.

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