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Proponen reformar Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios

Se busca dar certidumbre a los municipios en cuanto a la distribución de las participaciones federales: diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico.

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El diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico, integrante del Grupo Legislativo de Morena del Congreso del Estado, puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz, con lo que se busca dar certidumbre a los municipios en cuanto a la distribución de las participaciones federales y por lo que resulta necesario reformar a finales de año este ordenamiento.

En vista de la proximidad de la aprobación de los dictámenes con proyecto de Leyes de Ingresos de los 212 Municipios del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, -expone la propuesta, publicada en la Gaceta Legislatura número 73- es necesario que dicha Ley esté reformada antes de esa aprobación.

La iniciativa refiere que la Ley de Coordinación Fiscal regula la participación de las haciendas públicas estatal y municipales sobre los ingresos de la federación, a la vez que se establecen las bases que rigen los fondos a distribuirse, la aplicación de las denominadas aportaciones y la asignación de ingresos federales transferidos, así como las relaciones en la materia entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, cuya principal fuente de ingresos se constituye por dichos recursos.

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De acuerdo con esta Ley los recursos que integran los Fondos General de Participaciones y de Fomento Municipal, así como los provenientes del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deben distribuirse mediante la aplicación de porcentajes equivalentes del Índice Municipal de Pobreza y del Coeficiente de Participación Municipal, calculado el primero de éstos sobre las variables de población analfabeta mayor de quince años de edad, de población ocupada sin ingresos o con ingresos mínimos y de población que habita en viviendas particulares sin disponibilidad de drenaje y electricidad.

Asimismo, determinado el segundo en función de la capacidad recaudatoria del municipio durante los dos ejercicios fiscales que precedan al del año para el que se realiza el cálculo respectivo.

Detalló que la Ley de Coordinación Fiscal vigente se expidió en 1999 y se previó entonces que la aplicación inmediata de los porcentajes descritos provocaría una disminución sensible en los ingresos de la mayoría de los municipios veracruzanos, en razón de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos respecto de distintas contribuciones, que resulta un elemento fundamental para la asignación de recursos, por lo que en los artículos transitorios de la misma se dispuso que esos porcentajes se utilizarían hasta el año 2010 y se establecieron fórmulas sustitutivas de éstos para su aplicación gradual.

No obstante dicha previsión, en el ejercicio fiscal del 2000, que fue el primero en el que se aplicaron las fórmulas sustitutivas, un considerable número de municipios, sobre todo los que registraron mayores índices de marginación y dependencia de esos recursos, sufrió decremento en sus percepciones de participaciones federales, lo que obligó, desde el año 2001, a reformar cada año los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley mencionada, para mantener vigentes los factores de distribución de ejercicios anteriores.

Por esa razón que en junio de 2008 y con la finalidad de dar certidumbre a los municipios, en cuanto a la distribución de esos recursos, se derogó el artículo cuarto transitorio y se reformó el artículo 15 de la Ley mencionada, para trasladar a este precepto los referidos factores de distribución, que se contenían en la disposición transitoria derogada, por lo que ahora únicamente es necesario reformar el artículo tercero transitorio de dicho ordenamiento.

Así, para el ejercicio fiscal del año 2020 los fondos de participaciones que establecen los artículos 9 y 14 de esa Ley, el Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, los Fondos de Fiscalización y el Fondo de Extracción de Hidrocarburos se distribuirán a los municipios mediante la aplicación de los factores vigentes en 2019, en sustitución de los porcentajes referidos en el artículo 10 de este mismo ordenamiento.

La recaudación derivada de la aplicación de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al consumo de gasolina y diesel, en su porcentaje correspondiente al 9/11, concluyó, se distribuirá a los municipios de la entidad en 70% con base en el factor de distribución del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las DemarcacionesTerritoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), y en 30% con base en el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), vigentes en 2019.

Esta Iniciativa con Proyecto de Decreto fue turnada, para su atención, a la Comisión Permanente de Hacienda Municipal.

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Podría ser detenido extesorero de Finanzas de Javier Duarte

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

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Extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación

El extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arnulfo Octavio García Fragoso, perdió el amparo que tramitó contra una orden de aprehensión.

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

La justicia federal negó a concederle un amparo, sentencia que impugnó ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal y está bajo revisión. Sin embargo, el exfuncionario puede ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y es otro de los ex colaboradores duartistas señalado de diversas irregularidades.

Cabe recordar que a finales del año pasado Miguel Ángel Vega García, director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado, anunció su inhabilitación junto con otros exaltos funcionarios de la SEFIPLAN.

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La Contraloría inhabilitó a los exsecretarios Clementina Guerrero y Antonio Gómez Pelegrín, así como a Jorge Jaramillo Méndez, quien estuvo como encargado de Despacho de la Subsecretaría de Egresos.

Se determinó imponer a estos exfuncionarios la inhabilitación por siete años, considerando que el monto del daño patrimonial excedió mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 316 millones 086 mil 033.34 pesos.

En el caso de García Fragoso, se le señala por retenciones de prestaciones a trabajadores del sector magisterial, lo que habría perjudicado al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (S.S.T.E.E.V), que dejó de percibir los recursos que se encontraban previamente autorizados.

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Libera tribunal cuentas de Gabriel Deantes Ramos

Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

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Gabriel Deantes Ramos

Un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas bancarias de Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte, y dejar en manos de un juez la decisión de mantener o no dicha medida precautoria.

El Cuarto Tribunal Colegiado Penal en esta capital concedió un amparo al ex funcionario,  para que sea una autoridad judicial la que en todo caso autorice el aseguramiento.

“En caso de considerar que resulta necesario el aseguramiento de los instrumentos financieros de los aquí quejosos, (se ordena que la Fiscalía) se allegue de toda la información necesaria, que justifique de manera fehaciente la necesidad de la medida y realice la petición respectiva al juez de control en turno”.

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Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

En marzo de 2018, un mes antes del aseguramiento de la entonces PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Deantes.

Y el 31 de julio del mismo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aseguró dos cuentas para cobrarle un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos, aunque en ese momento su saldo ya era de sólo 305 mil pesos.

Deantes fue procesado en 2016 por un enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.

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Alertan sobre Estancias Infantiles irregulares

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

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Secretaría de Educación

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

Aunque no precisó cuáles o cuantas se han detectado en la región, aseguró que la Secretaría cuenta con un apartado referente a escuelas particulares y que ésta es quien regula solo de manera administrativa a estas guarderías.

“No todas están registradas, caen en la irregularidad, se puede hacer de manera particular e ignorar esos apartados que deben de cumplir, pero sí se quiere hacer de manera correcta hay instancias que les darán indicaciones de cómo hacerlo”.

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Detalló que esta modalidad privada tiene acuerdos con la SEV y se deben de cumplir ciertos lineamientos que se exigen.

“En la modalidad privada son acuerdos que tienen con la Secretaría porque ellos tienen un apartado de educación inicial que a veces se conjunta con preescolar, ellos tienen de alguna manera ese control con ese tipo de instituciones donde hay acuerdos con ellos”.

“Como delegado no tengo ese nivel a mi cargo pero se encargan en la dependencia. La secretaría les da un registro para que puedan ejercer, están registradas pero son privadas y tienen acuerdos muy distintos”.

Explicó que entre estas condiciones a cumplir, se encuentra la regulación de la infraestructura y otros aspectos, sin embargo aclaró que la SEV no regula ni los docentes ni el personal de estas estancias infantiles.

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