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Plantea diputada señalización de protección civil, con sistema Braille

Esto representará una medida de protección y seguridad para personas con discapacidad, señaló la diputada Montserrat Ortega.

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La diputada Montserrat Ortega Ruiz, integrante del Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional-Veracruz, presentó ante el Pleno una iniciativa que busca modificar la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado, cuyo fin es que sean colocadas en la entidad señales de protección civil, incluyendo el sistema Braille, como una medida de protección y seguridad a favor de las personas con discapacidad.

En su intervención, durante la quinta sesión ordinaria, del segundo año de labores, la legisladora recordó que la Ley de Protección Civil del Estado dispone que las dependencias y entidades del sector público federal, ubicadas dentro del territorio del estado, así́ como del sector público estatal y municipal y, en general, los inmuebles que por su uso o destino reciban afluencia o concentración masiva de personas, deberán colocar -en sitios visibles- equipos de seguridad, señales informativas, preventivas, restrictivas y de obligación, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas y Tratados Internacionales aplicables.

Así́ como instructivos y manuales que consignarán las reglas y orientaciones que deberán observarse en caso de una emergencia y señalar las zonas de seguridad o puntos de reunión.

La diputada Ortega Ruiz, vocal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, consideró que las personas con discapacidad, y especialmente las de discapacidad visual o ceguera, tienen derecho de desplazarse libremente y sin riesgos en lugares públicos.

Por lo cual –agregó-, todos los establecimientos de acceso al público, de la iniciativa privada o del sector público, deben colocar señales en sistema Braille, “puesto que las personas con discapacidad visual pueden acceder a la lectoescritura a través de este sistema, basado en puntos en relieve que son “leídos” a través del tacto, con ello, en caso de alguna eventualidad, podrán ubicar las salidas de emergencia o los puntos de reunión del lugar”.

Como parte de la propuesta legislativa se prevé reformar el artículo 63 Bis, de la citada ley, para establecer que la señalización vertical referida permitirá una zona de barrido ergonómico al alcance de la mano, deberá colocarse a una altura de entre 110 y 130 centímetros del piso base.

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La dimensión de la placa, será en función de la información que contenga y máximo de 30 centímetros de ancho. Ésta se ubicará a una distancia máxima de 20 centímetros del vano de la puerta, del lado de la manija o botones, en su caso.

Cuando existan puertas de doble hoja o no exista puerta, la señalización debe estar colocada en la pared más cercana, preferentemente del lado derecho.

En rampas, escaleras o intersección de pasillos que contengan pasamanos, se colocará, en el inicio y final de éstos, información en sistema Braille que indique el número de piso o la referencia de alguna señalización en muro.

La señalización del sistema Braille prevista, deberá atender la medida estandarizada internacionalmente, respetando dichos parámetros para su correcta interpretación. La escritura en Braille dentro de un señalamiento se colocará en la esquina inferior izquierda a una distancia de entre 1 y 3 centímetros del borde del mismo.

A través del artículo segundo transitorio se prevé que la señalización ordenada en este Decreto deba colocarse a más tardar en un plazo de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Para su estudio y dictamen, la iniciativa fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Protección Civil y de Atención a Grupos Vulnerables. Se adhirieron el Grupo Legislativo de Morena, el Grupo Legislativo Mixto Acción Nacional Veracruz, la diputada María Candelas Francisco Doce y el diputado Alexis Sánchez García.

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Podría ser detenido extesorero de Finanzas de Javier Duarte

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

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Extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación

El extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arnulfo Octavio García Fragoso, perdió el amparo que tramitó contra una orden de aprehensión.

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

La justicia federal negó a concederle un amparo, sentencia que impugnó ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal y está bajo revisión. Sin embargo, el exfuncionario puede ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y es otro de los ex colaboradores duartistas señalado de diversas irregularidades.

Cabe recordar que a finales del año pasado Miguel Ángel Vega García, director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado, anunció su inhabilitación junto con otros exaltos funcionarios de la SEFIPLAN.

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La Contraloría inhabilitó a los exsecretarios Clementina Guerrero y Antonio Gómez Pelegrín, así como a Jorge Jaramillo Méndez, quien estuvo como encargado de Despacho de la Subsecretaría de Egresos.

Se determinó imponer a estos exfuncionarios la inhabilitación por siete años, considerando que el monto del daño patrimonial excedió mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 316 millones 086 mil 033.34 pesos.

En el caso de García Fragoso, se le señala por retenciones de prestaciones a trabajadores del sector magisterial, lo que habría perjudicado al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (S.S.T.E.E.V), que dejó de percibir los recursos que se encontraban previamente autorizados.

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Libera tribunal cuentas de Gabriel Deantes Ramos

Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

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Gabriel Deantes Ramos

Un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas bancarias de Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte, y dejar en manos de un juez la decisión de mantener o no dicha medida precautoria.

El Cuarto Tribunal Colegiado Penal en esta capital concedió un amparo al ex funcionario,  para que sea una autoridad judicial la que en todo caso autorice el aseguramiento.

“En caso de considerar que resulta necesario el aseguramiento de los instrumentos financieros de los aquí quejosos, (se ordena que la Fiscalía) se allegue de toda la información necesaria, que justifique de manera fehaciente la necesidad de la medida y realice la petición respectiva al juez de control en turno”.

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Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

En marzo de 2018, un mes antes del aseguramiento de la entonces PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Deantes.

Y el 31 de julio del mismo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aseguró dos cuentas para cobrarle un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos, aunque en ese momento su saldo ya era de sólo 305 mil pesos.

Deantes fue procesado en 2016 por un enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.

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Alertan sobre Estancias Infantiles irregulares

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

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Secretaría de Educación

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

Aunque no precisó cuáles o cuantas se han detectado en la región, aseguró que la Secretaría cuenta con un apartado referente a escuelas particulares y que ésta es quien regula solo de manera administrativa a estas guarderías.

“No todas están registradas, caen en la irregularidad, se puede hacer de manera particular e ignorar esos apartados que deben de cumplir, pero sí se quiere hacer de manera correcta hay instancias que les darán indicaciones de cómo hacerlo”.

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Detalló que esta modalidad privada tiene acuerdos con la SEV y se deben de cumplir ciertos lineamientos que se exigen.

“En la modalidad privada son acuerdos que tienen con la Secretaría porque ellos tienen un apartado de educación inicial que a veces se conjunta con preescolar, ellos tienen de alguna manera ese control con ese tipo de instituciones donde hay acuerdos con ellos”.

“Como delegado no tengo ese nivel a mi cargo pero se encargan en la dependencia. La secretaría les da un registro para que puedan ejercer, están registradas pero son privadas y tienen acuerdos muy distintos”.

Explicó que entre estas condiciones a cumplir, se encuentra la regulación de la infraestructura y otros aspectos, sin embargo aclaró que la SEV no regula ni los docentes ni el personal de estas estancias infantiles.

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