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Disciplina y orden, compromiso de este gobierno: Contralora del Estado

Presenta Mercedes Santoyo Domínguez ante el Congreso el trabajo de la CGE durante el primer año de esta administración.

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La disciplina y el orden son compromiso de este gobierno y responsabilidad de cada servidor público, manifestó la titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado de la LXV Legislatura, integrada por la diputada Rosalinda Galindo Silva y el diputado Eric Domínguez Vázquez, presidenta y secretario, respectivamente.

Comenzó subrayando que su compromiso es mejorar los procesos que se desarrollan en todas las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Durante este año, se mantuvo como línea prioritaria la capacitación oportuna del personal de las distintas áreas del gobierno, incluyendo principalmente las unidades administrativas de los entes públicos y los Órganos Internos de Control (OIC).

Durante su presentación celebrada en el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada, destacó la realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación. Con esta base, se promovió la realización de 150 capacitaciones a las que asistieron tres mil 134 servidores públicos del Poder Ejecutivo, 53 por ciento mujeres y 47 por ciento hombres.

El temario abordado en dichas jornadas fue: Ética para los servidores públicos, Cultura de la legalidad, Elaboración y actualización de manuales administrativos, Introducción a la administración pública, Sistema Estatal Anticorrupción, Bitácora electrónica de seguimiento a la obra pública, Trabajo en equipo y otros como apoyos a la profesionalización de servidores públicos.

Hizo referencia también a las evaluaciones aplicadas a los OIC, donde el resultado obtenido fue un cumplimiento del 70 por ciento a los Programas Generales de Trabajo 2019.

En un hecho inédito en la administración pública estatal, comentó la funcionaria, la CGE llevó a cabo una evaluación primaria a despachos externos y prestadores de servicios profesionales que realizaron auditorías a los entes fiscalizables para el ejercicio 2018.

Asimismo, informó la verificación y seguimiento dado a la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés que las y los servidores públicos están obligadas a presentar. En esto, se han recibido y procesado un total de 22 mil 351 declaraciones, de las cuales se generaron 11 mil 306 de inicio, dos mil 445 de conclusión y ocho mil 600 de modificación de situación patrimonial. Junto con esto, se concretaron 43 evoluciones patrimoniales y 135 análisis del Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Situación Patrimonial y de Intereses de servidores y exservidores públicos.

Por otra parte, con la finalidad de fortalecer y consolidar el control interno y el Sistema Estatal de Fiscalización, la CGE publicó en agosto de 2019 las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

Precisó que, durante el ejercicio 2018, sólo se llevaron a cabo dos auditorías internas; 48 al Poder Ejecutivo, distribuidas en: 19 auditorías integrales, 27 específicas y dos de obra pública. Se determinó 143 observaciones generales y 178 relevantes, de las que se han solventado 63 generales y 65 relevantes, es decir, 45.5 por ciento y 35.4 por ciento respectivamente.

En cumplimiento al Acuerdo de coordinación, celebrado entre la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Estado de Veracruz, para la coordinación especial en el Fortalecimiento del Sistema  Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, se dio seguimiento a 918 incidencias derivadas de la inspección por parte de la Secretaría de la Función Pública al Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental (Compranet); 260 corresponden a dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, 22 a organismos autónomos y 636 a municipios.

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Santoyo Domínguez detalló que, en el ámbito de transparencia, se ha intervenido en 520 sesiones de órganos colegiados, de las cuales 438 fueron de carácter ordinarias y 82 extraordinarias. Asimismo, se han registrado 20 mil 471 operaciones, de acuerdo con su modalidad de contratación, constatando en todo momento la priorización de las empresas veracruzanas, las cuales representan el 92 por ciento del total de empresas asignadas.

En el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de octubre de 2019, se realizaron 458 evaluaciones de tipo financiero y programático presupuestal, de las cuales resultaron 319 inconsistencias y 51 recomendaciones.

Por el mismo sentido, los OIC presentaron los informes de hallazgos en la aplicación del recurso público, reportando un total de 177 inconsistencias.

Para el ejercicio 2019 –prosiguió la funcionaria-, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) programó realizar 29 auditorías a la Cuenta Pública 2018, de las cuales, considerando la 2ª Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior, realizada el pasado 31 de octubre, 19 auditorías han concluido y 10 están en proceso.

En colaboración con la Secretaría de la Función Pública (SFP), agregó, se programaron 16 auditorías a fondos y programas federalizados, determinando ejecutar ocho auditorías conjuntas y ocho directas.

Respecto de los Comités de Contraloría Ciudadana (CCC) y Comités de Contraloría Social (CCS), se logró integrar 786 CCC, con la participación de seis mil 023 ciudadanos, contabilizándose a la fecha mil 234 comités vigentes y un total de nueve mil 391 ciudadanos que participan activamente, así como 489 CCS, integrados por mil 603 ciudadanos beneficiados.

A fin de evitar la duplicidad de funciones para contribuir a la contención del gasto corriente, comentó la funcionaria, la CGE continúa trabajando en la revisión de estructuras orgánicas, la creación innecesaria de plazas y la asignación arbitraria de sueldos. En esto, se dictaminaron 60 estructuras orgánicas, 37 dependencias y entidades, 21 institutos tecnológicos y dos universidades tecnológicas.

Mercedes Santoyo concluyó su exposición, explicando lo referente a procedimientos administrativos iniciados en contra de exservidores públicos de la Administración Pública 2011-2016.

Aquí refirió que la Dirección Jurídica de la CGE cuenta con antecedentes litigiosos en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (Tejav), donde esa autoridad emitió en septiembre del año en curso un acuerdo que indica que han causado estado sentencias en contra de dos exfuncionarios y, por tanto, queda firme para todos los efectos legales la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos o comisiones por cinco y tres años respectivamente.

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Podría ser detenido extesorero de Finanzas de Javier Duarte

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

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Extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación

El extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arnulfo Octavio García Fragoso, perdió el amparo que tramitó contra una orden de aprehensión.

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

La justicia federal negó a concederle un amparo, sentencia que impugnó ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal y está bajo revisión. Sin embargo, el exfuncionario puede ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y es otro de los ex colaboradores duartistas señalado de diversas irregularidades.

Cabe recordar que a finales del año pasado Miguel Ángel Vega García, director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado, anunció su inhabilitación junto con otros exaltos funcionarios de la SEFIPLAN.

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La Contraloría inhabilitó a los exsecretarios Clementina Guerrero y Antonio Gómez Pelegrín, así como a Jorge Jaramillo Méndez, quien estuvo como encargado de Despacho de la Subsecretaría de Egresos.

Se determinó imponer a estos exfuncionarios la inhabilitación por siete años, considerando que el monto del daño patrimonial excedió mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 316 millones 086 mil 033.34 pesos.

En el caso de García Fragoso, se le señala por retenciones de prestaciones a trabajadores del sector magisterial, lo que habría perjudicado al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (S.S.T.E.E.V), que dejó de percibir los recursos que se encontraban previamente autorizados.

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Libera tribunal cuentas de Gabriel Deantes Ramos

Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

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Gabriel Deantes Ramos

Un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas bancarias de Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte, y dejar en manos de un juez la decisión de mantener o no dicha medida precautoria.

El Cuarto Tribunal Colegiado Penal en esta capital concedió un amparo al ex funcionario,  para que sea una autoridad judicial la que en todo caso autorice el aseguramiento.

“En caso de considerar que resulta necesario el aseguramiento de los instrumentos financieros de los aquí quejosos, (se ordena que la Fiscalía) se allegue de toda la información necesaria, que justifique de manera fehaciente la necesidad de la medida y realice la petición respectiva al juez de control en turno”.

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Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

En marzo de 2018, un mes antes del aseguramiento de la entonces PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Deantes.

Y el 31 de julio del mismo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aseguró dos cuentas para cobrarle un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos, aunque en ese momento su saldo ya era de sólo 305 mil pesos.

Deantes fue procesado en 2016 por un enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.

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Alertan sobre Estancias Infantiles irregulares

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

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Secretaría de Educación

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

Aunque no precisó cuáles o cuantas se han detectado en la región, aseguró que la Secretaría cuenta con un apartado referente a escuelas particulares y que ésta es quien regula solo de manera administrativa a estas guarderías.

“No todas están registradas, caen en la irregularidad, se puede hacer de manera particular e ignorar esos apartados que deben de cumplir, pero sí se quiere hacer de manera correcta hay instancias que les darán indicaciones de cómo hacerlo”.

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Detalló que esta modalidad privada tiene acuerdos con la SEV y se deben de cumplir ciertos lineamientos que se exigen.

“En la modalidad privada son acuerdos que tienen con la Secretaría porque ellos tienen un apartado de educación inicial que a veces se conjunta con preescolar, ellos tienen de alguna manera ese control con ese tipo de instituciones donde hay acuerdos con ellos”.

“Como delegado no tengo ese nivel a mi cargo pero se encargan en la dependencia. La secretaría les da un registro para que puedan ejercer, están registradas pero son privadas y tienen acuerdos muy distintos”.

Explicó que entre estas condiciones a cumplir, se encuentra la regulación de la infraestructura y otros aspectos, sin embargo aclaró que la SEV no regula ni los docentes ni el personal de estas estancias infantiles.

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