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Buscan proteger a personas vulnerables durante juicios en materia familiar

El diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos presentó una iniciativa que propone favorecerles en la asignación de jueces y el pago de honorarios.

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Para proteger los derechos humanos de personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan un juicio en materia familiar, evitar violencia económica en la asignación de jueces y favorecerles en el pago de honorarios, el diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, presentó una iniciativa en la que propone también la colaboración interinstitucional.

El integrante del Grupo Legislativo de Morena puso a consideración del Pleno una Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 273 y se reforma el artículo 278, ambos del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, recordó que en los conflictos de pensión alimenticia, reconocimiento de paternidad, divorcio, sucesiones y otras controversias, correspondientes al derecho familiar, están involucrados derechos de mujeres, menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores.

El legislador advirtió que estas personas acuden a las instancias judiciales defendiendo sus intereses alimentarios o de bienes matrimoniales y, en muchos de los casos, no tienen los medios económicos suficientes para pagar los gastos que esto implica. Por lo que –explicó- dicha iniciativa busca evitar que en los juicios de naturaleza familiar del fuero estatal, en los que intervengan dichas personas, sigan sucediendo situaciones de desventaja en su contra.

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En los casos referidos, señaló Vargas Barrientos, los peritos de las partes que intervienen para dictaminar en materias muy diversas, como avalúo, contabilidad, grafología, grafoscopía y psicología, entre otras, suelen emitir dictámenes contradictorios o muy discordantes, por lo que consideró necesario que el juez que conozca del caso designe un perito tercero en discordia.

De acuerdo con lo expuesto por el Diputado, la reforma al Artículo 273 propone que, en este tipo de juicios, cada parte nombre un perito, a no ser que se pusieren de acuerdo en el nombramiento de uno solo. El tercero en discordia será nombrado por el Juez.

También prevé que, cuando en un juicio en materia familiar se requiera la opinión de un perito tercero en discordia y estén de por medio los intereses alimentarios, de bienes matrimoniales o indemnizatorios por divorcio, de una mujer, de una persona con discapacidad, discapacitada para trabajar o mayor de 65 años de edad, el Juez del caso solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) o al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que proponga un perito oficial en la materia que resulte necesaria y rinda dictamen sin costo alguno para las partes.

Añade también que, si la Dirección General de Servicios Periciales o el DIF Estatal informan al Juez del caso que no cuentan con un perito en la materia requerida, éste solicitará a la Dirección de la Defensoría y del Registro Estatal de Peritos del Consejo de la Judicatura del Estado que designe uno, cuyos honorarios serán pagados por el propio Consejo de acuerdo con lo dispuesto por el Capítulo III de la Ley Número 259 para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, que establece el arancel para el cobro de honorarios de los abogados postulantes, depositarios, peritos médicos, peritos valuadores, árbitros, intérpretes y traductores.

En lo referente al artículo 278, el honorario de cada perito será pagado por la parte que lo nombró o, en cuyo defecto, lo hubiere nombrado el Juez. El del tercer perito será pagado por ambas partes, sin perjuicio de lo que disponga la resolución definitiva sobre condenación en costas y con independencia de lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero del artículo 273 del mismo Código.

La iniciativa fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación posterior.

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Podría ser detenido extesorero de Finanzas de Javier Duarte

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

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Extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación

El extesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, Arnulfo Octavio García Fragoso, perdió el amparo que tramitó contra una orden de aprehensión.

Está señalado como presunto autor material del delito de abuso de autoridad por retener recursos del sector magisterial.

La justicia federal negó a concederle un amparo, sentencia que impugnó ante un Tribunal Colegiado en Materia Penal y está bajo revisión. Sin embargo, el exfuncionario puede ser detenido por la Fiscalía General del Estado (FGE) y es otro de los ex colaboradores duartistas señalado de diversas irregularidades.

Cabe recordar que a finales del año pasado Miguel Ángel Vega García, director general de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría del Estado, anunció su inhabilitación junto con otros exaltos funcionarios de la SEFIPLAN.

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La Contraloría inhabilitó a los exsecretarios Clementina Guerrero y Antonio Gómez Pelegrín, así como a Jorge Jaramillo Méndez, quien estuvo como encargado de Despacho de la Subsecretaría de Egresos.

Se determinó imponer a estos exfuncionarios la inhabilitación por siete años, considerando que el monto del daño patrimonial excedió mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, 316 millones 086 mil 033.34 pesos.

En el caso de García Fragoso, se le señala por retenciones de prestaciones a trabajadores del sector magisterial, lo que habría perjudicado al Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz (S.S.T.E.E.V), que dejó de percibir los recursos que se encontraban previamente autorizados.

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Libera tribunal cuentas de Gabriel Deantes Ramos

Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

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Gabriel Deantes Ramos

Un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas bancarias de Gabriel Deantes Ramos, secretario del Trabajo de Veracruz en el Gobierno de Javier Duarte, y dejar en manos de un juez la decisión de mantener o no dicha medida precautoria.

El Cuarto Tribunal Colegiado Penal en esta capital concedió un amparo al ex funcionario,  para que sea una autoridad judicial la que en todo caso autorice el aseguramiento.

“En caso de considerar que resulta necesario el aseguramiento de los instrumentos financieros de los aquí quejosos, (se ordena que la Fiscalía) se allegue de toda la información necesaria, que justifique de manera fehaciente la necesidad de la medida y realice la petición respectiva al juez de control en turno”.

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Cabe indicar que la Fiscalía General de la República (FGR) no es la única autoridad que en su momento intervino las cuentas del también exoficial Mayor de la Secretaría de Educación y exsubsecretario de Administración y Finanzas de Veracruz.

En marzo de 2018, un mes antes del aseguramiento de la entonces PGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó las cuentas de Deantes.

Y el 31 de julio del mismo año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le aseguró dos cuentas para cobrarle un crédito fiscal por 23.4 millones de pesos, aunque en ese momento su saldo ya era de sólo 305 mil pesos.

Deantes fue procesado en 2016 por un enriquecimiento ilícito de 50 millones de pesos.

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Alertan sobre Estancias Infantiles irregulares

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

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Secretaría de Educación

El delegado de la Secretaría de Educación (SEV) en la región de Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, admitió que no todas las estancias infantiles están registradas ante la dependencia, por lo que están cayendo en la irregularidad.

Aunque no precisó cuáles o cuantas se han detectado en la región, aseguró que la Secretaría cuenta con un apartado referente a escuelas particulares y que ésta es quien regula solo de manera administrativa a estas guarderías.

“No todas están registradas, caen en la irregularidad, se puede hacer de manera particular e ignorar esos apartados que deben de cumplir, pero sí se quiere hacer de manera correcta hay instancias que les darán indicaciones de cómo hacerlo”.

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Detalló que esta modalidad privada tiene acuerdos con la SEV y se deben de cumplir ciertos lineamientos que se exigen.

“En la modalidad privada son acuerdos que tienen con la Secretaría porque ellos tienen un apartado de educación inicial que a veces se conjunta con preescolar, ellos tienen de alguna manera ese control con ese tipo de instituciones donde hay acuerdos con ellos”.

“Como delegado no tengo ese nivel a mi cargo pero se encargan en la dependencia. La secretaría les da un registro para que puedan ejercer, están registradas pero son privadas y tienen acuerdos muy distintos”.

Explicó que entre estas condiciones a cumplir, se encuentra la regulación de la infraestructura y otros aspectos, sin embargo aclaró que la SEV no regula ni los docentes ni el personal de estas estancias infantiles.

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