Las Alertas de Violencia de Género que existen en Veracruz continúan siendo atendidas para disminuir las violencias contra las mujeres, afirmó la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zaira del Toro.

Señaló que pese a la desaparición de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), que regulaba las alertas y la creación de la Secretaría de las Mujeres a nivel federal, no se ha dejado de atender estas disposiciones de emergencia que fueron decretadas debido a la violencia de género en Veracruz.

La entidad veracruzana cuenta con dos Alertas de Violencia de Género, una por feminicidios decretada para 11 municipios y otros de población indígena, y otra por agravio comparado debido a que no se garantiza el aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos.

Asociaciones de feministas han indicado que tras la desaparición de la Conavim, que reglamentaba las Alertas, estas quedaron inoperantes y se desconoce lo que está sucediendo con las acciones que se debían llevar a cabo para disminuir las violencias.

La entidad veracruzana cuenta con dos Alertas de Violencia de Género, una por feminicidios decretada para 11 municipios y otros de población indígena

“El trabajo sigue articulado, viene el proceso de revisión una vez ya implementadas estas acciones de coadyuvancia para ver qué tanto se van fortaleciendo todas las conclusiones y recomendaciones que emitió en su momento la Conavim y bueno pero las acciones y los presupuestos siguen estando en los estados (…) lo que se ha hecho es fortalecer los presupuestos y los avances que se tenían con la Conavim y con el Inmujeres ahora en una sola secretaría”, aseguró la directora del Instituto.

Comentó que entre las acciones que se realizan para atender los feminicidios se encuentran certificar para atender a mujeres víctimas de violencia a la fiscalía especializada y a funcionariado municipal.

En el caso de la alerta decretada por la falta de acceso al aborto, señaló que se encuentran realizando mesas de trabajo con la Secretaría de Salud para que exista u acceso real a este servicio; además de crear un catálogo de objetores de conciencia o personas que por convicción no realizan este procedimiento, de manera que puedan asegurar que en todas las instituciones de salud habrá personal capacitado que pueda practicarlo.

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