Por: Valeria Portillo

Cada mes, desde que tenía nueve años, mi abuela me preparaba un té de canela con anís y miel para aliviar los cólicos menstruales. Lo servía en mi taza de Hello Kitty y yo lo tomaba a sorbos, poniéndolo en mi vientre a intervalos para sentir el calor, con el pesar de tener que lidiar desde niña con “la vergüenza de la mujer”. Ella aprendió esa receta de su madre y me la enseñó para que la pasara a mis hijas o sobrinas. La primera vez que la repliqué fue durante un acompañamiento de aborto, y ese gesto de cuidado íntimo se volvió político. En septiembre del 2018, fue la primer marcha multitudinaria en Veracruz por el día de acción global por el aborto legal, seguro y accesible. Al ver el cartel de la convocatoria por primera vez me di cuenta de algo que parecería obvio: abortar en Veracruz era delito. La sorpresa derivó en indignación: a mis diecisiete años, pensaba que de necesitarlo podía acceder a ello sin problema, pero no era así; el derecho a decidir sobre mi cuerpo le pertenecía al Estado. La autonomía no era un hecho, sino una disputa.

En esa primera marcha aprendí que lo que yo acababa de descubrir llevaba años pesando sobre otras personas, que la lucha de las mujeres por una vida digna seguía siendo necesaria. Acompañar, entonces, dejó de ser únicamente un gesto solidario para convertirse en una postura ética. Implicaba reconocer que ninguna mujer debería atravesar sola un proceso atravesado por el miedo, la desinformación o el estigma. Implicaba confiar en que cada una tiene la capacidad de tomar decisiones sobre su vida, sus circunstancias y sus deseos mejor que cualquier institución. Implicaba sostener, no dirigir; cuidar, no decidir por otras. Con el tiempo entendí que la autonomía reproductiva no se reduce al derecho a interrumpir un embarazo. Abarca el acceso a información científica y clara, a métodos anticonceptivos, a educación sexual integral que nombre el placer y el consentimiento sin rodeos. Abarca también el derecho a maternar en condiciones dignas, si así se elige.

En julio de 2021 Veracruz se convirtió en el cuarto estado de la república en despenalizar el aborto hasta las 12.6 semanas de gestación, lo cual representó un hito en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Pero la legalidad no garantiza el acceso. A casi cinco años de haber sido legislado, en los hospitales del sector salud sigue sin haber insumos e infraestructura para atender a las personas que acuden por el servicio, poniéndoles trabas como tener que internarlas para realizar legrados, médicos objetores de conciencia, o la falta de medicamentos. La autonomía no es una consigna: es una red de condiciones materiales que hacen posible decidir en libertad, también es entender que no es lo mismo decidir desde la estabilidad económica que desde la precariedad; desde la mayoría de edad que desde la adolescencia; desde un Estado con servicios de salud accesibles que desde uno donde el estigma pesa más que la ley. Por eso, hablar de autonomía reproductiva es hablar también de desigualdad. Y hablar de desigualdad es aceptar que la justicia no puede ser selectiva.

Hoy, cuando preparo ese té de canela con anís, o le doy la receta a mujeres que acompaño a la distancia, ya no pienso sólo en aliviar los cólicos, pienso en la continuidad de los cuidados, en las mujeres que me antecedieron y en las que vendrán. Pienso en mi abuela, que ni se imagina que uso su receta para ayudar a otras a aliviar dolores mientas abortan desde casa, pero que cuando me enseñó la receta, sin notarlo me transmitió algo más que un remedio: estaba diciendo que el dolor de las mujeres merece atención y cuidado, no silencio. El 8 de marzo nos recuerda que esos gestos cotidianos son también banderas de lucha. Si algo he aprendido en mis andares como parte de la marea verde, es que la autonomía no es un privilegio que se concede; es un derecho que se ejerce y se defiende. Y que, mientras existan mujeres dispuestas a acompañarse, a informarse y a alzar la voz, ningún código penal podrá borrar esta certeza fundamental: el cuerpo de las mujeres no es propiedad del Estado.