Sin recursos y con apenas 34 personas laborando (seis de ellos policías ministeriales), sus resultados son limitados, pues desde su creación en 2018 sólo ha obtenido cinco sentencias condenatorias, de las casi 5 mil procesos abiertos.
Desde el 2020 el presupuesto destinado a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Veracruz ha disminuido en 96 por ciento al pasar de 78.1 millones de pesos en 2019 a 3.6 millones para este 2023.
Información solicitada por una agencia local, vía transparencia señalan que desde que inició la gestión de la fiscal especializada en combate a la corrupción, Clementina Salazar Cruz, se han abierto 2 mil 697 carpetas de investigación pero sólo cinco han concluido con sentencias condenatorias.
Cabe destacar que del total de carpetas de investigación abiertas, la Fiscalía obtuvo en el periodo que se indica 27 órdenes de aprehensión por hechos de corrupción y delitos contra la procuración y administración de justicia.
Pese a ello solo se han obtenido cinco condenas y del total de carpetas abiertas solo tres están relacionadas directamente con actos de corrupción.
Sobre las sentencias se sabe que al menos tres están relacionadas con incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, usurpación de función pública o profesión y falsedad ante la autoridad.
Sin presupuesto Fiscalía Anticorrupción apenas logra 5 sentencias
Fiscalía anticorrupción debe ser autónoma: Abogado
Para el abogado Fidel Ordoñez la fiscalía especializada tiene duplicidad de funciones y el hecho de que su titular depende de la Fiscalía General de Veracruz (FGE) limita la independencia de sus funciones.
“Mientras siga siendo un fiscal que dependa de la Fiscalía General y no sea un fiscal ciudadano o un procurador ciudadano, no va a haber cambio y siempre va a estar subrogado a una fiscalía mayor”.
Comentó que la actual fiscalía especializada podría especializarse en otra cosa, porque “actualmente no funciona para nada”.
“Sí tiene la tendencia a desaparecer porque son demasiadas entidades que se cuidan las manos unos de otros; lo hace el Orfis, la Contraloría General y las contralorías internas, son demasiados”, consideró.
Ordoñez Solana además advirtió que las más de 2 mil denuncias reflejan el rezago que tienen no solo desde que asumió el cargo el ex fiscal Marcos Even Torres sino de lo que había antes en la instancia que atendía los casos contra servidores públicos.
“Hay dos fiscalías que hablan sobre lo mismo; la especializada en cuestiones de servidores públicos y la anticorrupción, porque es un régimen de competencia que ellos manejan internamente”.
Además, insistió en que el número de sentencias obtenidas contra el caudal de denuncias presentadas evidencia que no hacen su trabajo, y que el presupuesto que han gastado no se justifica.
El abogado señaló que para que la fiscalía especializada funcione debe tener una naturaleza ciudadana y que exista la figura de un procurador social que esté como intermediario para elaborar las denuncias y apoyar a los denunciantes.
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