Opinión

El Pacto Molina-Cazarín

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Se trata de matar dos pájaros de un tiro.

Ignacio Alvarez / El Dictamen

El demolición del Grupo Legislativo del PRI en la LXV Legislatura de Veracruz, dinamitada por el diputado Juan Carlos Molina Palacios no es de gratis, se trata de matar dos pájaros de un tiro. Primero, aplacar a Héctor Yunes Landa que con Erika Ayala Ríos y Jorge Moreno Salinas mantenía el control de la irrisoria bancada roja, pero con grandes negociaciones que le permitieron a la dama conseguir una veintena de posiciones en la administración de Cuitláhuac Garcia, y segundo crear un nuevo grupo legislativo acordado sigilosamente con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Javier Gómez Cazarín, que sin duda, será bisagra y aliado de MORENA para arropar al Ejecutivo.

Y aunque en reacción la diputada Andrea Yunes Yunes para rehabilitar al grupo, éste ya no será PRI, sino mixto, mientras que Molina pretende armar su propio grupo con diputados de otros partidos y superar el requisito mínimo de tres legisladores que exigen los reglamentos del Poder Legislativo, para integrar grupos representantes de partidos políticos con derecho a participar en la Junta de Coordinación Política con voz y voto.
En el fondo, el malestar de Molina Palacios es con el PRI, el partido que lo postuló como número uno en la lista de plurinominales, y se debe a que desde la dirigencia nacional de la CNC a cargo de Ismael Hernández, se le pretenden arrebatar la CNC-Veracruz, para resucitar al grupo e Bertha Hernández, la señora que por décadas caciqueó y hundió a esa organización campesina, ahora pretende regresar apoyada por un ex candidato perdedor de la gubernatura.
Con el respaldo y acuerdo de los MORENOS, la decisión de Molina Palacios no tiene reversa, ni la llamada de la lideresa nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu fue suficiente para hacerlo reconsiderar esa decisión, y muy pronto anunciará su nueva asociación campesina Amigos de Veracruz como se llama su toro con el que ganó ya todos los premios de ganadería en el mundo; Veracruz.

ALCALDES EMBARCADOS
Por lo menos 50 alcaldes en su mayoría panistas y otros aliados de los Yunes, se encuentran muy irritados porque en el primer semestre del año, el entonces gobernador Miguel Angel los obligó a entregar parte de las participaciones federales para la frustrada campaña de su hijo, con la promesa de que pasando el 1 de julio, les serían reintegradas.
Los ediles, algunos forzados, otros queda bien y otros más convencidos de que el triunfo del hijo del gobernador era un hecho, le metieron mano a las finanzas publicas municipales y ahora no pueden comprobar varios millones de pesos.
El problema es que ni se ganó la gubernatura ni el Congreso y los pocos diputados del PAN no son suficientes defenderlos en las revisiones de la cuenta pública 2018 que no podrán soportar con facturas porque esos recursos fueron a dar a la campaña fallida de Miguel Angel Yunes Márquez.
En el ocaso del gobierno yunista, los ediles le hacían guardia hasta en el bulevar con a esperanza de verlo haciendo ejercicio, y poder pedirle que les regresara los millonarios préstamos, pero fue imposible, así que ahora, los alcaldes están metidos en un brete que podría colocarlos en la cárcel o la pérdida sus patrimonios para devolver lo que no se comieron.

LA SALIDA DE WINCKLER
La salida del Fiscal incomodo está más fácil de lo que piensan los rústicos asesores de la administración estatal, eran innecesarias las reformas no aplicables. Se trata de un problema sustantivo, que ya, llamó la atención de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, es la constante filtración de datos confidenciales por parte de la Fiscalía de Jorge Winckler que es un delito.
Se han detectado no menos de 80 casos en los que distintos medios de comunicación hicieron públicas informaciones, no necesariamente ciertas, pero que de acuerdo con la ley debieron estar rigurosamente reservadas. Hay pruebas de que la Fiscalía General del Estado boletinó fotografías, datos personales de indiciados y sus familias y, como ya se ha visto, decenas de datos falsos sobre supuestos bienes recuperados.
La oficina de prensa ha divulgado como información oficial datos falsos, poniendo en peligro la identidad de los acusados y sus familias, pero también de testigos, abogados y muchas personas ajenas a las investigaciones. Apenas la semana pasada la oficina del Fiscal Winckler aseguró que dos ex funcionarios fueron acusados por daño de mil 200 millones de pesos, dato que es falso y pone en grave riesgo a los señalados.
Estas prácticas son claramente violatorias del principio de presunción de inocencia, del derecho a la privacidad de los acusados y es obvio que la Oficina de Winckler los viene usando con fines de promoción política.
Apenas la semana pasada un alto funcionario de la ONU afirmaba que la prisión preventiva oficiosa que opera en México es violatoria de la mayor parte de las convenciones internacionales y que afecta gravemente a los justiciables mexicanos.
Cada día es más evidente el abuso de la prisión preventiva con fines claramente políticos y publicitarios que se multiplicó durante el gobierno de Yunes Linares y con Winckler como Fiscal General del Estado.

alvarezcalzada1107@gmail.com

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