Integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados realizaron una protestaron frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas sobre la avenida Díaz Mirón, para denunciar la reducción y suspensión de pensiones que afecta a extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de otras instituciones federales.
Los manifestantes señalaron que desde hace varios meses los pensionados comenzaron a registrar descuentos considerables en sus depósitos mensuales, mientras que otros dejaron de recibir el pago de su pensión desde abril, sin una explicación que consideren suficiente.
El representante del movimiento, Jaime Hernández Durán, afirmó que estas medidas han provocado una grave afectación económica para decenas de jubilados, quienes dependen de esos recursos para cubrir sus gastos diarios y atención médica.
Indicó que los descuentos aplicados oscilan entre el 30 y el 70 por ciento del monto de la pensión, situación que calificó como injustificada y que mantiene en incertidumbre a los afectados.

Los manifestantes señalaron que desde hace meses los pensionados comenzaron a registrar descuentos considerables en sus depósitos
Los inconformes sostuvieron que el procedimiento mediante el cual se realizaron los recortes no respetó las garantías constitucionales, por lo que consideran que fueron privados de su derecho de defensa antes de que se aplicaran las reducciones.
Hernández Durán también cuestionó la respuesta de las autoridades judiciales, al asegurar que varios amparos promovidos por los pensionados fueron desechados sin analizar a fondo las circunstancias que dieron origen a las afectaciones.
Durante la manifestación se dio a conocer que entre los afectados hay personas con enfermedades crónicas y padecimientos como cáncer, mismas que enfrentan dificultades para costear tratamientos y medicamentos debido a la disminución o cancelación de sus ingresos.
Los jubilados hicieron un llamado al Gobierno Federal para revisar cada uno de los casos, restablecer las pensiones suspendidas y esclarecer los criterios utilizados para aplicar los descuentos, al considerar que se trata de una medida que vulnera sus derechos.
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