Solidaridad con nuestros hermanos bolivianos

El 25 de octubre, una vez realizado el conteo del cien por ciento de los votos, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio el resultado oficial de las elecciones

Bolivia, oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia, vive momentos difíciles ante la cancelación del diálogo, la paz, y el orden constitucional y democrático a que dio resultado una severa crisis política derivada de las denuncias de fraude en las elecciones generales llevadas a cabo el pasado 20 de octubre en las que se eligieron presidente, vicepresidente, 130 diputados y 36 senadores para el periodo gubernamental 2020-2025. Las irregularidades denunciadas fueron ratificadas en el Informe presentado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 25 de octubre, una vez realizado el conteo del cien por ciento de los votos, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio el resultado oficial de las elecciones: el partido Movimiento al Socialismo, encabezado por Evo Morales obtuvo el 47% de los votos emitidos, mientras que el candidato opositor, Carlos Mesa, del partido Comunidad Ciudadana sumó el 36.5 por ciento.

La legislación electoral vigente en Bolivia establece que en el caso de que ninguno de los candidatos a la presidencia alcanzara el 50% de la voluntad popular, se convocará a una segunda vuelta electoral. Ante la solicitud de diversos grupos sociales y presionado por el resultado del Informe de la OEA, el presidente Evo Morales anunció al pueblo boliviano que se convocaría a nuevas elecciones, al tiempo de que siguiendo los procedimientos establecidos por la Asamblea Legislativa y de acuerdo con todas las fuerzas políticas se establecerían los procedimientos para renovar la totalidad de los vocales del Tribunal Supremo Electoral.

El problema de fondo de esta elección se remonta al referendo llevado a cabo el 21 de febrero de 2016 en el que la ciudadanía boliviana votó en su mayoría por no modificar el artículo 168 de la Constitución que permitiría postular a un nuevo mandato al presidente Evo Morales y al vicepresidente Álvaro García Linera. De este modo, ambos políticos quedaron inhabilitados como candidatos a las elecciones de 2019, sin embargo, sometieron un recurso de defensa ante el Tribunal Supremo Electoral, institución que finalmente declaró la inaplicabilidad del mencionado artículo 168, bajo la interpretación del Pacto de San José. El 4 de diciembre de 2016, el Tribunal anunció que esta candidatura se encontraba habilitada. Así, el 20 de noviembre de 2017 el presidente Evo Morales anunció su candidatura de reelección para 2019.

El desgaste de la relación política con otras fuerzas contrarias al partido Movimiento al Socialismo, por las elecciones, llevó a una convocatoria de movilización social que obligó a la Policía y al Ejército bolivianos a realizar operativos que permitieran contener la escalada de violencia desatada en varias regiones del país. Los grupos de manifestantes se organizaron levantando barricadas y lanzando objetos contra los efectivos antimotines en Sucre, La Paz y otras ciudades.

Esta situación, aunada a la pérdida del apoyo de las fuerzas armadas bolivianas al primer mandatario Evo Morales Ayma, como se lo hizo saber el comandante de las fuerzas armadas, William Kaliman, lo llevó a tomar la decisión de renunciar a la Presidencia el pasado domingo 10 de noviembre a través de un mensaje televisado desde la ciudad de Cochabamba, bastión de los sindicatos cocaleros que han sido uno de los principales apoyos con los que Evo Morales ha contado a lo largo de los casi 14 años que ha durado su gestión.

Después de anunciar su renuncia, que obedece de acuerdo a sus propias palabras a un “golpe de estado cívico-político-policial”, el expresidente conminó a los líderes civiles del movimiento que presionaron su renuncia a que “asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política de nuestro pueblo”.

Mientras la violencia permanecía presente en muchas localidades, la Asamblea Legislativa convocó a una sesión extraordinaria con objeto de designar a la persona que sucedería en el cargo al expresidente, ya que el vicepresidente y los titulares de las Cámaras del Congreso también habían presentado su renuncia. Frente al vacío de poder existente, la senadora Jeanine Añez Chávez, segunda vicepresidenta del Senado, asumió la presidencia interina de Bolivia el martes pasado para organizar las elecciones que permitan elegir a las nuevas autoridades.

Ante la situación de vulnerabilidad que vivía el expresidente Morales —incluso algunos de sus más cercanos colaboradores habían recibido ofertas económicas para entregarlo a la oposición—, el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, siendo congruente con la tradición y los principios diplomáticos que nos distinguen en el orden internacional: no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias, decidió concederle asilo político por razones humanitarias.

Es así que, a través de distintas gestiones diplomáticas con los presidentes de Argentina, Perú, Ecuador Brasil y Paraguay, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard Casaubón logró los consensos necesarios para enviar una aeronave de la Secretaría de la Defensa que lo trajera a salvo a nuestro país. Evo Morales, al dejar el suyo escribió a sus connacionales: “Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía”. Arribó a tierras mexicanas el pasado 12 de noviembre alrededor del mediodía.

Mientras estos hechos se suceden, nuestros hermanos bolivianos viven la angustia del desconcierto y la incertidumbre mientras la dirigencia política de esta nación busca encontrar una salida a los problemas en los que se encuentran inmersos. Nuestra solidaridad para ellos con la esperanza de que pronto encuentren los caminos del diálogo, la tolerancia, el respeto a posiciones divergentes y la gobernabilidad democrática.

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