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viernes, marzo 5, 2021

Ponentes hablan sobre el impacto en administración de justicia antes del Covid-19

En el marco del Conversatorio Internacional España-México-Colombia “El impacto de la administración y procuración de justicia antes y después del Covid-19 en cada uno de sus respectivos países”, se puso de manifiesto la necesidad de que los sistemas de justicia cuenten con las herramientas digitales y el marco jurídico que permitan avanzar en los juicios, ya que en ello va de por de medio la libertad de las personas. 

Estuvieron reunidos vía Zoom ponentes de distintas partes del mundo

Convocado por el Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, presidido por el doctor Gilberto Farías Morales, el conversatorio realizado a través de la plataforma Zoom tuvo como ponentes al doctor Lorenzo Mateo Bujosa Vadell (España), presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca y coordinador del Programa de Doctorado “Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social”; doctor Camilo Constantino Rivera (México), vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, así como el doctor Rubén Darío Acosta Ortiz (Colombia), director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos y vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. 

España como México ya usan el medio de videoconferencias en los actos procesales

Allí, Farías Morales destacó que a la par de las herramientas digitales y los marcos jurídicos se debe avanzar en el destierro de la impunidad, renglón en donde México se encuentra entre los diez primeros lugares, incluido el mal manejo de la pandemia. 

Se expuso que tanto en España como en México ya existen marcos jurídicos que contemplan la utilización de videoconferencias en los actos procesales, pero es a partir de la pandemia cuando se ponen en práctica. 

Allí, el doctor Constantino Rivera comentó que hay una urgencia del uso de la tecnología en la audiencia telemática y los expedientes electrónicos en los procesos judiciales.

Señaló que la mayoría de los despachos estaban acostumbrados a utilizar una sala de juntas, hojas membretadas y plumas lujosas para realizar los juicios, pero hoy eso sale sobrando porque la pandemia obligó a entrar a la tecnología para estos procesos.  

No obstante, mencionó que algunos grandes despachos no quisieron entrar a la modernidad por no pagar impuestos, porque para utilizar las plataformas electrónicas es necesario utilizar la firma electrónica para litigar, promover una demanda o juicio de amparo. 

En su intervención el doctor Lorenzo Mateo Bujosa Vadell, subrayó que en España desde 1994 se estableció la posibilidad de usar los medios electrónicos y en el 2011 ya se utilizaban los expedientes judiciales electrónicos, por lo cual en el 2020 se emitió un decreto para la digitalización de los procesos. 

“Se tenían instrumentos y normas jurídicas, pero se suspendieron los actos procesales el 14 de marzo, de ahí la necesidad de leyes y normas de acuerdo a los cambios que se están viviendo”, planteó. 

Ponentes hablan sobre el impacto en administración de justicia antes del Covid-19

Mientras que el doctor Rubén Acosta Ortiz, vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, propuso que el Estado debe tomar en cuenta que en Colombia es muy amplio el territorio rural, a cuyos sitios se tiene que llegar con la tecnología para poder ejercer el derecho. 

Admitió que la situación es complicada porque antes de la pandemia los abogados iban al día, vivían de los casos que les llegaban, pero hoy se han quedado sin trabajo, expulsados de su propio mercado laboral. 

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Habló de una falta de coordinación, ya que la rama jurídica nunca llamó a los litigantes para decirles cómo se tendría que avanzar en la procuración de justicia. 

El doctor Farías Morales, quien moderó el conversatorio internacional, concluyó que en la actualidad se requiere buen equipo de cómputo, internet eficaz, así como herramientas y plataformas para llevar a cabo los procesos y la modernización de la impartición de justicia. 

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