A las solicitudes que al Congreso del Estado han sido entregadas para que se aplique juicio político en contra del Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, se sumó este lunes la presentada por el abogado Rodolfo de la Guardia, en representación del exsecretario de seguridad pública, Arturo Bermúdez Zurita, a quien se le acusa del delito de desaparición forzada de personas.
En el documento entregado a la Oficialía de Partes, dirigido a la diputada Mónica Robles Barajas, en su calidad de presidenta de la comisión permanente de Justicia y Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura local, el exservidor público en tiempos de Javier Duarte, acusa cómo fueron las negociaciones para “donar propiedades” y de esa forma reparar el daño patrimonial, presuntamente causado al erario público.
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Bermúdez Zurita se encuentra en prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo, por los presuntos delitos de desaparición forzada de personas, abuso de autoridad, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
De la Guardia, explicó en entrevista con los medios de comunicación, que un juez federal levantó la prisión preventiva el 28 de agosto de este año, tras considerar que en su proceso legal fueron violados sus derechos humanos y la presunción de inocencia.
Bermúdez Zurita hizo llegar un mensaje en el cual afirma que el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, “solicitó la entrega de siete bienes propiedad de mi familia. La mayoría de estos bienes son aquellos que mi familia obtuvo antes de que el suscrito ingresara el servicio público del Estado de Veracruz, además fueron declarados oportunamente ante la Contraloría General del Estado”.
Acusó que por medio de torturas y amenazas Winckler Ortíz y el exgobernador lo obligaron a entregar siete propiedades adquiridas de manera legal, de ahí la petición de Juicio Político contra él.