miércoles, mayo 18, 2022
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CNDH podría denunciar a Cuitláhuac si no sigue recomendación

La aceptación del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el delito de Ultrajes a la Autoridad, debe ir acompañada de un envío de pruebas al Congreso local que demuestren que en realidad existe una iniciativa para derogar ese delito. 

Para ello, señaló Tomás Mundo Arriasa, miembro del Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC, el gobernador y la fiscal general del estado tienen 15 días hábiles para mandar las pruebas sobre el cumplimiento a esa resolución. 

“En estos quince días hábiles tiene que mandar al Congreso del estado la iniciativa de derogar el delito de ultrajes a la autoridad”, subrayó el abogado penalista. 

Explicó que si pasa este periodo y no cumple con la recomendación, el Senado de la República puede mandarlo a citar, o en su caso la CNDH decirle al Senado de la República que no se ha cumplimentado la recomendación 146 y tendrá que ir al Senado de la República a explicar por qué no lo ha hecho. 

 “Si va al Senado y da una razón de por qué no lo ha cumplido, o si se compromete a cumplirla y no lo hace, entonces la CNDH está facultada para presentar denuncias penales en contra del gobernador y la fiscal, que es a quien se dirigió la recomendación”, puntualizó. 

Expuso que mientras tanto existen más de 2 mil 400 personas privadas de su libertad por ese delito, ante lo cual sería sensato que ya se hubiera enviado la iniciativa para derogar el delito de ultrajes a la autoridad y empezar a la liberación de todas esas personas. 

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“Esto no es un juego de que dije que la acepté, ahora están corriendo los 15 días que tiene para enviar evidencias en torno a que ya cumplió, y ello significa presentar la denuncia contra los 7 policías aprehensores, presentar la queja en la Contraloría del Estado contra esos mismos policías, ir a mandar la iniciativa al Congreso para que se derogue delito de ultrajes a la autoridad”, remarcó Mundo Arriasa. 

Además, apuntó, debe llamarse a los peritos oficiales y a través de un metaperitaje comprobar cómo determinaron el supuesto daño psicológico a la autoridad, ya que pudieron recibir órdenes expresas para ello desde la Fiscalía. 

Reiteró que de no hacerlo en ese plazo a partir de la aceptación de la recomendación de la CNDH, ésta tendría facultades para presentar denuncias en contra del gobernador y la fiscal general del estado. 

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