El Movimiento Civil Independiente (MOCI) presentará 3 mil denuncias contra grupo MAS ante la Fiscalía por delitos de fraude
Por el que consideran delito de fraude ante el incumplimiento en las condiciones del contrato para operar el suministro de agua potable y el alcantarillado en Veracruz y Medellín de Bravo, el Movimiento Civil Independiente (MOCI) anunció que interpondrá denuncias penales contra Grupo MAS ante la Fiscalía General del Estado.
El representante jurídico del MOCI, Rafael Gómez Casas, precisó que serán un total de 3 mil denuncias en contra de Grupo MAS Agua, Sistema Metropolitano de Agua y Saneamiento S. A. de CV (SAPI) y Odebrecht Ambiental, las que se interpondrán ante la Fiscalía el martes.
Reportan mala calidad del agua y cobros excesivos
En principio, expuso, por la forma fraudulenta en que obtuvo la concesión del agua por 30 años, de manera oscura y bajo un contrato leonino que tanto ha dañado a los usuarios.
Indicó que las denuncias van legalmente sustentadas y corresponden a igual número de ciudadanos de los municipios en donde opera el consorcio encabezado por Odebrecht Ambiental.
La cual es una empresa subsidiaria de la firma brasileña del mismo nombre, mundialmente famosa por pagar sobornos a autoridades para obtener contratos y concesiones en muchos países de América Latina y el orbe.
Además, ante la mala calidad del agua, cobros excesivos y abusos de la empresa a los usuarios entre los que se incluye el corte total del suministro del vital líquido a pesar de que la Constitución Política de nuestro país lo prohíbe claramente.
Señaló que por lo pronto son 3 mil denuncias, pero dejó entrever que pueden resultar muchas más por el cúmulo constante de quejas que hay por los abusos de Grupo MAS contra la gente.
MOCI presentará 3 mil denuncias contra grupo MAS por delito de fraude
“Por eso estamos insistiendo en la cancelación de la Concesión leonina que protege a la empresa y deja en la vulnerabilidad a los ciudadanos, hay las herramientas y los sustentos legales suficientes para poder echarla abajo, solo falta la disposición de las autoridades y que se quiera hacer justicia a los ciudadanos “, argumentó.
Basó las denuncias en el hecho de que, al momento de adquirir la concesión, “ellos no tenían personalidad jurídica y aun así les entregaron la concesión, lo que ya representa un delito por el cual podría invalidarse la misma”.
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Reiteró el llamado a los diputados, al gobierno estatal y al gobierno federal para que se atienda la exigencia de la ciudadanía y se proceda contra quienes desde la ilegalidad laceran la economía y dañan los derechos de los veracruzanos.
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