La comunidad de burócratas federales, que luego de varias décadas de labor se encuentran en situación de retiro disfrutando de la pensión para continuar el resto de su vida en paz, sin sobresaltos económicos, en este momento advierte que el gobierno de la República privatiza un esquema de gran contenido social.
Los primeros pasos aparecen con la resolución de representantes del Poder Judicial de la Federación sobre cambio de factor ocupado en el cálculo del monto entregado al personal jubilado; en lugar de la referencia del salario mínimo de ahora, utilizarán las UMAs (Unidad de Medida y Actualización).
Reducirán un 20 por ciento las percepciones mensuales
De hacerla efectiva, cuando menos reducirán un 20 por ciento las percepciones mensuales, retroceso inaceptable, señaló Rodolfo Benjamín Suárez Castellanos, presidente del Consejo de Jubilados y Pensionados de Veracruz.
Esta iniciativa corresponde a la exdiputada federal Ana Gabriela Guevara, hoy al frente de la Comisión Nacional del Deporte, continuada por su compañero de bancada Gerardo Fernández Noroña, ambos del Partido del Trabajo (PT), gente nociva, invadida de protagonismo exacerbado que tal vez ni siquiera tengan conciencia del daño causado.
El grueso de los beneficiados con pensiones quedarán afectados, por ejemplo, en el caso del entrevistado recibe $21.000, trabajó 30 años en escuela secundaria federal, por efectos de la variante de medida económica, la suma bajará a los $15.000 o $ 16.000, de este tamaño estiman el “golpe” al bolsillo, franco retroceso a la calidad de vida.
Preocupante futuro del IPE
Habló también preocupado por el futuro de quienes dependen del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), organismo creado por el exgobernador Marco Antonio Muñoz Turnbull, organismo que por siempre ha sido tomado como referente nacional de lo bien hecho, esquema de administración de excelencia; pero con el paso de los años resultó saqueado por políticos de todos los niveles, incluyendo dirigentes sindicales. El IPE se encuentra en la mira de los dueños de afores, preparan el terreno para dar el “zarpazo” e instalarse en la base de operaciones.
Clara la estrategia de promotores de la transformación, abundó Suárez Castellanos, se proponen llevar a la ruina el patrimonio de los jubilados y pensionados, fundamentados en las siguientes medidas:
Gobierno tiende a privatizar el sistema de pensiones
Determinar cuentas individuales administradas por el gobierno. Calcular el aguinaldo. Eliminar la pensión por viudez y orfandad. Invertir los fondos en el desarrollo de servicios públicos y también al pago de deudas acumuladas de país. Aquí se requiere intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador, correcciones de fondo, porqué eso de compensar pérdida de poder adquisitivo consecuencia de resolución judicial, podría anularse el compromiso presidencial al de que el Estado Mexicano se declarara insolvente, dejando indefensa a la población jubilada.
Síguenos en Twitter @ElDictamen.
O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.
Y también en Instagram: @ElDictamen
Más noticias: AQUÍ.
