jueves, diciembre 2, 2021
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Estado debe garantizar hospitales con médicos no objetores de conciencia: investigadora

La red hospitalaria debe de garantizar a las mujeres la existencia de médicos y médicas no objetores que les permitan ejercer de manera segura sus derechos sexuales y reproductivos, consideró la Dra. Estela Casados González, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. 

El derecho o la oportunidad que puedan tener los médicos y médicas, todo el personal de salud, de objeción de conciencia, obviamente, se puede hacer, pero, sin que esto coarte el derecho a decidir de las mujeres, ¿cómo está esto? Que los hospitales tienen que garantizar que haya médicos y médicas no objetores” 

La también docente investigadora comentó que habría que analizar muy bien la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno a la objeción de conciencia, último rubro que resolvió y que representa un parteaguas en la protección de los derechos sexuales y reproductivos femeninos. 

Pues determinó que la objeción de conciencia en el entorno médico debe ser especialmente regulada para que su actuar no genere violaciones del derecho a la salud, particularmente la reproductiva y sexual. 

En este tenor, recordó que la SCJN invalidó el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, el cual otorgaba al personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud el derecho a ejercer la objeción de conciencia. 

La Dra. Estela Casados González, integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Foto: Javier Tello

Es decir, que este derecho podrá ser ejercido, pero siempre y cuando existan límites y lineamientos que garanticen todos los derechos en juego, incluyendo el de las mujeres. 

Estado debe garantizar hospitales con médicos no objetores de conciencia: investigadora 

Así también que el primer dictamen que las y los magistrados resolvieron fue el de la existencia de un derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) hasta las 12 semanas, conforme al cual el Estado no puede criminalizar a las féminas que decidan abortar. 

El segundo, el que las entidades federativas no pueden reconocer un derecho a la vida desde la concepción, ya que hacerlo viola el derecho de las mujeres a decidir; y el último es de la objeción de conciencia.  

Hay que revisar muy bien la discusión de la Corte porque está estableciendo incluso, las posibilidades de que se reglamente, porque no se ha hecho, a partir de la norma 046, se reglamente cuánto hay que hacer en una interrupción, sobre todo en casos de urgencia médica ¿cuándo es una urgencia médica?”. 

“Pues cuando está en riesgo la vida de la mujer, ahí no puede decir: es que soy objetor de conciencia, que se muera la persona u otra situación, cuando se trata de una menor de edad víctima de pederastia, entonces, tienen sus reglamentaciones, no quedan en la indefensión o en la vulnerabilidad el personal de salud” 

Se debe reglamentar la objeción de conciencia 

La doctora Casados González confirmó que debe existir una regulación establecida desde las legislaturas, pues de lo contrario, se incurriría en una incoherencia que, por un lado, se confirme su derecho a decidir y, por otro, no hay reglamentaciones. 

Pues ello, llevaría a seguir con la misma situación de vulnerabilidad en la que ha vivido el género femenino por años, en donde pese a que ya existían cinco causales para interrumpir el embarazo, no se aplicaban por falta de normativas.

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No obstante, la también antropóloga expuso que esta falta de reglamentación generaba que se re – victimizara a la persona que había tomado la decisión, pues nadie se quiere hacer responsable de esta práctica. 

“Hay que ser muy vigilantes o va a pasar lo mismo que anteriormente, o sea, en Veracruz había causales para la interrupción legal del embarazo: cuando se trataba de una violación, en fin, había cinco causales, pero el asunto aquí es que no había una reglamentación”. 

“Entonces, parecía una papa caliente el tema que entre la Fiscalía y el personal de salud se pasaban la bolita y, cuando ya se resolvía, ya hasta había nacido la criatura”. 

Finalmente, insistió en que este es un tema que se debe tomar con compromiso y responsabilidad, dado que el estado está garantizar obligado a garantizar los derechos de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y la atención a los servicios de salud de manera digna. 

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