El secretario de Finanzas, Miguel Santiago Reyes Hernández, afirmó ante el Congreso local que el Gobierno de Veracruz decidió no contratar el seguro de desastres del gobierno anterior de Cuitláhuac García, porque “era un robo”, ya que el deducible y las condiciones hacían financieramente inviable su operación.

Sobre el fideicomiso de desastres y la supuesta obligación de contar con un seguro, Reyes sostuvo que existió una lectura equivocada.

“Era una mala interpretación de la ley porque se decía que la Ley de Disciplina Financiera y la Ley de Protección Civil dice que debemos tener un seguro, y no es cierto. Siempre van con el petate del muerto porque detrás de todo hay intereses de quienes se beneficiarían del pago de ese seguro”.

Cuestionó las condiciones del seguro previo, pues conforme aumentaron las declaratorias de emergencia también creció la siniestralidad, hasta llegar al 90 por ciento.

“Si estaban asegurados por 360 millones de pesos, teníamos que pagar 320 millones para hacerlo válido. ¿En qué cabeza cabe? Si se tratara de la pérdida total de un automóvil para hablarlo en palabras sencillas y que la diputada lo entienda porque o no le explicaron o no lo entiende, yo creo que hay un problema de comprensión básica”.

Y concluyó: “Si no contratamos el seguro es porque era un robo, nos iban a dar 28 millones de pesos, era un robo”.

El secretario de Finanzas afirmó que el seguro de desastres no se contrató porque solo entregaría 28 millones tras años de espera y representaba un costo excesivo

El secretario sostuvo que la decisión de no renovar el seguro permitió al estado tener liquidez inmediata para emergencias:

“Hoy disponemos de inmediato de más de mil millones de pesos para atender desastres”, indicó.

En otro momento, el secretario expuso que el adeudo heredado con el SAT, superior a 23 mil millones de pesos, no debería considerarse un crédito fiscal.

“Esto no es un crédito fiscal. Esto es defraudación fiscal”, afirmó.

Explicó que entre 2010 y 2015 el ISR retenido a maestras, maestros y trabajadores del estado no fue enterado ni pagado durante cinco años consecutivos.

“Cuando pasa una vez puede ser un error; cuando pasa cinco años, es un delito y un desvío generalizado de recursos”, señaló.

Añadió que el SAT consideró que la conducta excedía lo administrativo: “Si pasa más de una vez no es error, es un delito y desvío de recursos; era defraudación fiscal. Si se hubiera planteado así, se hubieran asignado responsabilidades y Veracruz no tenía esa deuda”.

Recordó que la deuda original era de 11 mil millones, pero con recargos y multas sumó más de 12 mil millones, y que 86 por ciento de esa cifra provenía de la SEV.

Con información de AVC Noticias.

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