Roberto Méndez/ El Dictamen
Tras los abusos cometidos contra unos jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, por parte de la Policía Estatal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió recomendaciones al gobierno de Veracruz donde se emitió la alerta.
La CNDH pronunció la recomendación 5VG/2017, por violaciones graves a derechos humanos, dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, ya que este asunto trascendió el interés del estado de Veracruz.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero, 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 14 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo atrajo para conocer del caso y radicar el expediente de queja CNDH/1/2016/204/Q/, con el fin de investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas.
Los hechos fueron difundidos mediante diversas notas periodísticas los días 14 y 15 de enero de ese año, en las cuales se refirió que cuatro policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, involucrados en la desaparición forzada de las víctimas, fueron detenidos por la Fiscalía General.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al Gobernador de Veracruz instruya que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se proporcione a los familiares de las víctimas la reparación integral del daño, que incluya una compensación y/o indemnización justa por la gravedad de los hechos; se les proporcione atención médica, psicológica y tanatológica, con trato digno, sensible y con calidez, así como que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal les ofrezca una disculpa pública institucional.
Le solicita también girar instrucciones para que la Comisión de Honor y Justicia de la SSP determine a la brevedad y conforme a derecho la investigación administrativa contra los policías estatales que participaron en las conductas cometidas contra los agraviados y se deslinden las responsabilidades correspondientes, así como colaborar con la CNDH en la presentación de la queja que se formule ante la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP estatal, para deslindar la responsabilidad de quienes intervinieron en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron las conductas delictivas realizadas en el rancho “El Limón”.
También deberá instruir al titular de la SSP la realización de un diagnóstico para determinar si los elementos policiales cumplen con los perfiles requeridos para el empleo, cargo o comisión y, de apreciar circunstancias irregulares, se proceda conforme a derecho; se cumpla con las propuestas del “Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México”, para atender este problema en el estado de Veracruz, e implementar acciones inmediatas mediante políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad imperantes en esa entidad federativa.
