México negó la participación de soldados en la tortura sexual y asesinato de Ernestina Ascencio, durante su presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Estado Mexicano admitió su responsabilidad de darle acceso a servicios de salud que terminaron por quitarle la vida y que no garantizaron el acceso a la justicia lo que ha causado daños a la familia. Pero negaron la participación del Ejército y otras violaciones de derechos humanos.

Ernestina Ascencio fue asesinada en 2008. Ella misma pudo declarar que vivió una violación tumultuaria por parte de soldados y aunque en primera instancia fue admitido por parte del gobierno, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, declaró que había muerto por gastritis.

“No existe evidencia directa en el expediente penal que permita vincular a agentes estatales en los hechos legados por la representación”, sentenció Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos generará una sentencia sobre el Estado Mexicano acerca de la violación de derechos humanos en este caso. Las determinaciones se volverán una obligación en el país.

El caso llega al a CoIDH luego de agotar las instancias nacionales y una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no han sido acatadas.

Durante la audiencia, las y los jueces cuestionaron a México que no acepte la participación del Ejército a pesar de las pruebas que existen y que diga que deben esperar a una resolución judicial en un proceso que admiten que fracasó.

“Lo que está argumentando el estado es que a pesar de que contamos con el testimonio de la víctima antes de fallecer y que hay una serie de elementos contextuales también que además se levantaron pruebas en la autopsia que además incluían material genético y que al mismo tiempo el estado está reconociendo que violó el derecho de acceso a la justicia y derechos judiciales. Y a pesar de todo eso que hay bastante más pruebas de las que a veces hay en casos de este tipo, el estado considera que no hay elementos para considerar que hay una responsabilidad, a pesar de todo eso”, indicó la jueza Verónica Gómez.

“Existen múltiples elementos probatorios e indiciarios para determinar que Ernestina Ascencio fue víctima de violencia sexual por parte de agentes del estado como la declaración de la propia Ernestina antes de fallecer e informes médicos y el boletín inicial del Ejército que admitió los hechos”, dijo el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (participantes en la audiencia debido a que México no ha acatado su recomendación) al señalar que el Estado Mexicano debería aceptar la participación de soldados.

Otro de los hechos que llevó la familia de Ernestina ante la Corte Interamericana fue que personas del Gobierno del Estado les retuvieron en un viaje que les ofrecieron con pretexto de ir a la Basílica de Guadalupe, pero les llevaron a diferentes lados sin permitir acudir durante las fechas en que debían presentarse para continuar el proceso judicial, provocando que se cerrara.

Arrocha negó que el viaje organizado en el que retuvieron a la familia para que no siguiera la denuncia fuera realizado por alguien del Estado y dijo no fue denunciado en instancias internas y no había sido abordado anteriormente, por lo que todavía no debe tratarlo la Corte.
Angelita Valles, representante jurídica de la familia, sostuvo que la existencia de ese viaje ha estado en todas las investigaciones, pero el Estado Mexicano no se había pronunciado al respecto. Pero que se trató de una violación de derechos humanos que se debe de admitir.

Además, la defensa también presentó elementos por violación del derecho de acceso a la información ya que no les brindan el expediente y cuando lo hacen es censurándolo al grado de no ser entendible. México sostuvo que ya lo entregaron y que no han agotado todos los recursos, mientras que las víctimas aseguraron que no es leíble y que han pasado por una gran cantidad de procesos judiciales.

CIDH juzga al Estado Mexicano por el caso de Ernestina Ascencio

La CIDH sostuvo que las víctimas no deben de demostrar porqué necesitan acceder al expediente mientras que el teste no se limita a datos personales, pero además esta información es básica para controvertir lo que el propio presidente dijo en su momento. Ante ello, pidió que se declare como violatorio de derechos lo que hace México y fije estándares en materia de acceso a los expedientes judiciales.
Por otro lado, México sí reconoció que se violó el derecho a la vida e integridad debido a que Ernestina Ascencio no tuvo atención médica debida pues según el expediente pasó más de 10 horas con huesos fracturados y heridas graves y tuvo que acudir a cinco centros hospitalarios diferentes para ser atendida.

“Reconoce de la manera más respetuosa que no se cumplieron las obligaciones estatales de los derechos a la vida y la salud de la señora Ernestina, una mujer indígena y adulta mayor cuyas condiciones de vulnerabilidad debieron ser protegidas”, señaló Jennifer Feller, directora general de derechos humanos y democracia de la SRE.

Además, también admitió su responsabilidad al no garantizar el acceso a la justicia puesto que, hasta el momento a 17 años de los hechos, sigue sin haber una resolución e inclusive el expediente fue alterado.

Al mismo tiempo aseguraron que se seguirá una investigación judicial apegada a derecho. Durante la audiencia se expuso que esta investigación es conducida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz y no ha tenido participación de las víctimas.

Las defensoras de la familia señalaron que otra problemática es que en múltiples ocasiones les han pedido desistir del caso, inclusive en 2022 tras la resolución de la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos volvió a solicitarlo.

Nancy Desiderio Coordinadora de Asuntos Internacionales de Derechos Humanos solicitó a la CoIDH que los montos para reparación del daño se ajusten ya que las víctimas están solicitando recursos altos. Además, ofreció una disculpa pública y publicar la sentencia en diferentes medios así como darle atención a la familia.

Tras la audiencia, todas las partes deberán brindar información adicional por escrito y el caso será juzgado por la Corte, quien emitirá una sentencia contra el Estado Mexicano.

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