Javier Herrera Borunda
La Reforma Energética, aprobada en el Congreso de la Unión en 2013, marca un parteaguas en la administración de la capacidad energética de nuestro país, que pasó de estar inmersa en un modelo proteccionista del mercado interno que mantuvo al aparato productivo prácticamente aislado de la competencia internacional desde la década de los años cuarenta del siglo pasado, a incursionar de lleno en uno de apertura a la inversión y a la competencia comercial en la generación y explotación de las fuentes generadoras de energía.
La Reforma Energética promueve un mercado energético mayorista donde participan diversos actores, tanto empresas estatales como privadas, y por primera vez la ley incentiva la inversión en energías limpias a través de innovadores instrumentos como los Certificados de Energías Limpias que emite la Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado que promueve una regulación eficaz e independiente de los poderes políticos y económicos.
México destaca entre las naciones del mundo por mantener una postura seria y responsable en favor del medio ambiente y en su empeño por revertir las consecuencias del cambio climático. Forma parte del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático; en 2008 nos comprometimos a alcanzar la meta de reducir en un cincuenta por ciento las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero respecto del año base 2000 para el 2050; en 2012 se promulgó la Ley General de Cambio Climatico y en 2015 la Ley de Transición Energética que establecen en los artículos transitorios las metas establecidas sobre el porcentaje de energías limpias en la generación eléctrica: 25% en 2018, 30% en 2021, y 35% en 2024.
Sólo como punto de referencia, las emisiones totales de gases de efecto invernadero por generación eléctrica, petróleo y gas, fuentes móviles de autotransporte, industria y silvicultura en nuestro país ascendieron a 665,304.92 Gg de bióxido de carbono en 2013, cifra que nos coloca como el segundo país de América que mayores contaminantes emite al medio ambiente.
La Reforma Energética está generando una nueva organización industrial que permite al sector productivo adquirir electricidad a precios competitivos en un mercado eléctrico mayorista inmerso en un marco regulatorio en el que el Estado mexicano conserva la exclusividad de la transmisión y distribución de la electricidad, otorgando acceso abierto a todos los participantes del mercado y celebrando contratos de asociación para la operación de la red de transmisión y distribución.
En este punto el principal desafío de nuestro país es ofrecer a los inversionistas una infraestructura segura y suficiente para que los generadores de energía puedan tener acceso a la red y así poder llegar a los puntos de consumo. Al respecto, la Secretaría de Energía licitó en 2016 dos líneas de transmisión con una longitud combinada de 1,225 kilómetros a un costo de 1,440 de millones de dólares.
El mercado eléctrico mayorista está diseñado para incentivar la inversión privada directa en la generación y comercialización de energía, otorgando beneficios a los nuevos participantes que se incorporan a él. Es interesante que en este nuevo modelo cualquier empresa privada puede ser comercializadora de energía sin necesidad de ser generadora.
Las subastas a largo plazo están reservadas para tecnologías limpias, aunque las tecnologías convencionales también pueden participar ofreciendo potencia. Las subastas a mediano plazo incluyen productos de energía y potencia que ofrecerán los generadores con contratos vinculantes de tres años. En estas subastas pueden participar todas las tecnologías, incluyendo la generación energética con combustibles fósiles. En los mercados a corto plazo se utiliza un modelo económico de despacho en el que se asignan las plantas más eficientes (limpias), hasta que se satisfaga la demanda total.
Se prevé que las fuentes de energía limpia serán más competitivas en el futuro. Hoy las plantas solares fotovoltaicas son hasta 75% más económicas en comparación con 2009 y las turbinas eólicas se han reducido casi en una tercera parte durante el mismo periodo. De acuerdo a la Agencia Internacional de Energías Renovables, los proyectos eólicos actualmente se encuentran en el mismo, e incluso más bajo rango de costos, que los de combustibles fósiles.
De acuerdo a la Secretaría de Energía, la inversión estimada que México requiere en el sector energético entre 2016 y 2030 se calcula en 123,400 millones de dólares, de los cuales el 62% se destinrá a tecnologías de energía limpia, buscando garantizar un precio estable tanto para inversionistas como para el consumidor final.
El marco legal vigente establece que en materia de hidrocarburos y de transmisión y distribución de energía eléctrica, las actividades de este sector son de utilidad pública, y por su carácter estratégico se consideran de orden público e interés social, por ello tienen preferencia sobre cualquier otra actividad de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectados.
En este contexto, considero que no existen reglas claras para que las autoridades determinen la viabilidad de los proyectos si se atendien contextos específicos en los que se pueden poner en riesgo derechos humanos básicos como la vida en un medio ambiente sano, el derecho al agua y a la alimentación, así como los derechos de comunidades y pueblos indígenas. En este punto es compromiso del Poder Legislativo atender esta situación y legislar al respecto.
Sin duda, la Reforma Energética ha dado grandes pasos para que el desarrollo de México se apuntale en la sustentabilidad y se ha convertido de igual modo en un área de oportunidad estratégica para la inversión.
