La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó el martes sobre los abusos que cometen constantemente en la zona oriental de la República Democrática del Congo los grupos armados. Tan solo en 2020, estos dejaron más de 2 mil civiles muertos en las tres provincias de esa región: Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur.
Además, en los últimos dos años los grupos irregulares provocaron el desplazamiento de casi dos millones de personas en Kivu del Norte. Durante el mismo periodo, el país sumó un total de cinco millones de desplazados.
En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de ACNUR, Babar Baloch, expresó alarma por esas atrocidades y afirmó que se han convertido en “parte de un patrón sistemático para perturbar la vida de los civiles, infundir miedo y crear estragos”.
“ACNUR ha recibido denuncias sobre grupos armados que han ocupado escuelas y viviendas; han prohibido las clases y han atacado centros de salud en Masisi y Lubero”, detalló Baloch. A finales del año pasado, esos grupos empezaron a cobrar un impuesto a las personas por entrar a sus cultivos, privando así a muchas familias de su única fuente de alimentos e ingresos.
Contra los desplazados
«Los asesinatos y secuestros han continuado en Kivu del Norte este año». La agencia ha recibido testimonios de violencia selectiva que señalan que entre diciembre de 2020 y enero de 2021, hubo al menos siete incursiones en cinco puntos distintos de Masisi.
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Los rebeldes agreden a las personas o comunidades cuando «sospechan» que colaboran con agrupaciones contrincantes o con las fuerzas de seguridad congoleñas. Algunos lugares están amenazados por varios grupos y los civiles quedan atrapados en medio de los enfrentamientos.
“Las milicias también ponen en su punto de mira a los civiles desplazados. El 24 de enero, una mató a dos hombres e hirió gravemente a otros seis en un asentamiento de desplazados en Masisi, Kivu del Norte”, informó Babar Baloch.
Agregó que una semana antes de ese ataque, otra secuestró a tres personas que vivían en un campamento en Kivuye, Masisi. Esa misma también ha impuesto en la zona un toque de queda, después del cual van a las casas para cobrar a las familias una cuota «por su seguridad».
