El gobernador de Veracruz y 22 mandatarios estatales más hicieron un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que reconsidere declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa, pues airaron que se trata de un decisión que impactará directamente en la seguridad pública y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas.

Al dar a conocer el posicionamiento de los gobernadores, el gobernador del estado indicó que atender los criterios de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese rubro vulneraría la propia Constitución Política del país.

“Nos pronunciamos en calidad de Amicus Curiae, con absoluto respeto a la figura que representa la SCJN a efecto de que considere el principio de supremacía constitucional, atendiendo siempre a los derechos de las víctimas del delito, puesto que son ellas quienes resienten directamente las consecuencias de las conductas antisociales”, señaló.

Hacen llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que reconsidere declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa

Durante la conferencia de prensa del gobernador este jueves, dijo que si bien las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes, estas deben estar armonizadas y no transgredir el contenido de la Constitución previo pronunciamiento de la Suprema Corte.

Abundó que la figura de prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen que permite garantizar una adecuada conducción del proceso penal y lograr el esclarecimiento de los hechos, proteger a las víctimas de los delitos, procurar el responsable que quede impune, así como lograr que sean reparados los daños causados por el delito.

Y que la restricción que se pretende declarar inconstitucional se refiere a delitos de alto impacto y de repercusión social que en su momento fueron considerados como graves, y en los que el ministerio público solo puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no resulten suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Con información de AVC Noticias.

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