Luego de 19 años de la agresión y muerte de Ernestina Ascencio, la Fiscalía General de la República atrajo la investigación, mientras que las asociaciones que acompañan a la familia siguen exigiendo justicia.

La atracción se realizada luego de que la Corte Interamericana De Derechos Humanos dictara una sentencia donde solicitó al Estado Mexicano esclarecer el caso y una serie de medidas para evitar la repetición, garantizar justicia y resarcir el daño a la familia.

Ernestina Ascencio era una mujer nahua de 73 años, hablante monolingüe

Habitante de Soledad de Atzompa en donde vivió una agresión sexual multitudinaria por parte de elementos del Ejército Mexicano.

Tras ello estuvo más de 10 horas sin atención médica debido a la falta de intérpretes e insumos en los hospitales de la zona. Aunque inicialmente el gobierno reconoció la causa de su muerte, después cambiaron a la versión diciendo que era una “gastritis”. Desde entonces la familia y organizaciones que le acompañan han pedido justicia.

A pesar de la sentencia de la Corte emitida el 16 de diciembre pasado, indicaron las organizaciones Kalli Luz Marina, Centro de Servicio Municipales Heriberto Jara, Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, entre otras, hasta el momento no ha existido una ruta de acción para que México cumpla con los puntos mandatados.

“Desde el día siguiente a la notificación, las organizaciones litigantes solicitamos formalmente al Estado mexicano remitir cuanto antes la hoja de ruta con acciones y propuestas concretas para el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, a la fecha, el Estado no ha realizado una propuesta, lo que retrasa el acceso efectivo a la justicia, la verdad y la reparación para doña Ernestina y su familia, y pone en riesgo el cumplimiento oportuno de sus obligaciones internacionales”, indica un comunicado.

Por ello, pidieron al Estado Mexicano que ejecute acciones concretas y oportunas para garantizar la justicia y contribuir a evitar la repetición.

En el aniversario de la muerte, la FGR informó que debido a la sentencia atrajo la investigación que hasta ahora se había conducido por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y que “la investigación a cargo de la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables”.

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