El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó ante la Diputación Permanente una Iniciativa que busca imputar a las y los servidores públicos municipales salientes que sean responsables de actos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos y omisión en la entrega-recepción por ocultamiento y obstrucción.

El proyecto, presentado durante la Segunda Sesión del Primer Receso por la diputada Citlali Medellín Careaga, plantea reformar tres ordenamientos para sancionar con cárcel dichos actos que provocan la interrupción de servicios públicos, la parálisis de la recaudación fiscal o ponen en riesgo la seguridad pública del municipio, atentando contra la operatividad del Estado, dejando en la indefensión a los gobernados y deteniendo la capacidad de respuesta del gobierno entrante.

La representante popular señaló un fenómeno recurrente en el estado de Veracruz al que denominó “secuestro administrativo”, consistente en que servidores públicos salientes, actuando con dolo o negligencia, se niegan a realizar la entrega formal de los bienes, archivos, claves catastrales y sistemas financieros a las nuevas autoridades.

Al impedir el acceso a los sistemas de cobro y a la base de datos catastral mediante la omisión de la entrega-recepción, -abundó la legisladora- los funcionarios salientes causan un daño patrimonial irreversible a la hacienda municipal, impidiendo que el ayuntamiento disponga de los recursos necesarios para prestar servicios básicos desde el primer día de su gestión. Esta conducta, afirmó, no es una simple omisión, sino un sabotaje a la voluntad popular y a la funcionalidad del municipio libre.

El Grupo Legislativo del PVEM presentó una iniciativa que busca imputar a las y los servidores públicos municipales salientes que sean responsables de actos relacionados con el manejo indebido de recursos públicos

Ante la gravedad de los hechos expuestos, el Grupo Legislativo del PVEM propone una reforma a la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal para que se endurezcan los plazos y se establezca expresamente que la falta de firma del Acta Circunstanciada el 1 de enero constituya per se la presunción de la comisión de un delito, obligando al Órgano Interno de Control y a las autoridades entrantes a dar vista inmediata a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En la Ley Orgánica del Municipio Libre se adicionarían obligaciones específicas para que las autoridades entrantes no sean cómplices por omisión y que, ante la ausencia de las autoridades salientes, se levante un acta circunstanciada ante Notario Público o autoridad competente para iniciar funciones, sin perjuicio de las acciones penales contra los omisos.

Por último, en el Código Penal del estado se crearía un agravante específico. Si la omisión de entrega-recepción provoca la interrupción de servicios públicos, la parálisis de la recaudación fiscal o pone en riesgo la seguridad, la pena se incrementaría hasta en una mitad.

“Es necesario que la ley sea clara: quien retiene las ‘llaves’ del municipio comete un delito grave que merece una sanción ejemplar y privativa de libertad, pues está atentando contra el patrimonio colectivo”, concluyó la diputada.

La Iniciativa con Proyecto de Decreto para actualizar la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, la Ley Orgánica del Municipio Libre y el Código Penal, todos del estado de Veracruz, fue turnada a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Gobernación y de Vigilancia.

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