Al ayuntamiento de Veracruz le han caído en las manos dos papas calientes que amenazan con ocasionarle quemaduras. Primero el nuevo reglamento de tránsito que ya ha causado airadas inconformidades de los automovilistas principalmente, porque es considerada una disposición con fines recaudatorios, pensada para las ciudades y sociedades del primer mundo como Estados Unidos o los países europeos.
Y segundo, el tema de los parquímetros que aun cuando no fue una cuestión aprobada en esta comuna, sino en la del también panista Julen Rementería del Puerto hace 11 años, su operación básicamente consistente en la aplicación de multas ya hartó a varios sectores de la población que han decidido manifestarse exigiendo la cancelación de la concesión a la empresa Zeus Monitoreo Vial.
La manifestación de este jueves frente al palacio municipal por organizaciones civiles convocadas por Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático, dejó claro que muchos ya no están dispuestos a que se les siga pegando en el bolsillo por asuntos relacionados con las vialidades.
El reglamento de tránsito que -para que se dé usted una idea- contempla prohibiciones de modificar el cláxon, o la instalación de dispositivos como válvulas de escape, cornetas de aire y otros elementos que produzcan ruido excesivo, así como aditamentos que sobresalgan de la defensa de los vehículos, ha sido calificado de ocurrencias.
Pero ocurrencias que si no las cumple le costarán caro.
Dicen los inconformes que con lo de Tránsito y los parquímetros las autoridades creen que están administrando una sociedad del primer mundo con sobrado poder económico.
Por ello le recomiendan al gobierno municipal que mejor se dedique a tapar la inmensa cantidad de baches existentes en la mayoría de las vialidades de la ciudad, arreglar banquetas destruidas (muchas en el propio centro) que son la clara muestra de la anarquía y el olvido, o exigir a la empresa concesionaria del agua la distribución eficiente del hoy encarecido servicio del vital liquido, en lugar de andar tratando de aplicar medidas y multas a una comunidad desgastada en lo económico y lo social.
¿CONVOCATORIA?
Muy poca convocatoria tuvo el fiscal Jorge Winckler Ortiz la ocasión en que inauguró el edificio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).
En la invitación que hizo llegar a la prensa -la aliada por supuesto- hizo énfasis que lo acompañarían “autoridades federales e internacionales”. Pero al evento apenas llegó la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez.
El acto tuvo que llenarse con servidores públicos de la propia FGE, y algunos que hicieron acto de presencia como el titular de la Policía Ministerial, un enviado de la Policía Federal (PF) de Xalapa, una diputada local del PAN.
Ahí también por cierto llegaron como “invitados especiales” del fiscal: su cuate, el fiscal “anticorrupción” Marcos Even Torres y el exsecretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié.
Dos lecturas se desprenden del acto, por un lado es que al fiscal lo ven quizá ya como el “apestado” y le auguran muy poco futuro en su encargo, razón por la que desairaron la invitación.
La segunda es que el entonces subinspector y delegado de la Policía Federal en Xalapa, Javier Moreno Orihuela, fue separado del cargo después de haber acudido a la convocatoria de Winckler Ortiz. ¿O habrá sido una mera coincidencia?
DELEGADOS
Tras la reunión con el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los delegados especiales del gobierno federal en los estados del país conocieron puntos específicos sobre las nuevas acciones y apoyos que la Federación hará llegar a la población a través de los programas sociales.
Tal es el caso de Veracruz, en donde el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara señala que el Mandatario de la nación les dejó claro
que en los primeros días de enero la gente conocerá la nueva estructura en la aplicación de los apoyos sociales integrales, en donde rechaza que se hayan dado recortes como algunas versiones en medios han difundido.
Lo que se ha hecho ahora, subraya quien tiene el papel de coordinar a los delegados federales en la entidad, es una nueva forma de distribución de los recursos más precisa y directa en favor de quienes lo necesitan, sin dispendios ni corrupciones.
Por ejemplo, se incrementará al doble el apoyo a los adultos mayores, la implementación de programas nuevos para los jóvenes, apoyos a las personas con discapacidad, y no solo acciones de tipo social sino también actividades productivas como el proyecto del Transístmico que en el aspecto de las vías que se tenderán entre Coatzacoalcos y Salina Cruz, trae una inversión de 900 millones de pesos. También el programa Sembrando Vida en el campo que tendrá una aplicación en recursos por el orden de los 15 mil millones de pesos de apoyo directo.
Así, reitera el funcionario federal, ahora los apoyos vienen de manera directa a la gente y no como anteriormente cuando se elaboraban presupuestos para la robadera y los moches.
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