La liberación vía un amparo otorgado por la Justicia Federal del empresario constructor César Augusto Morando Turrent, pone en entredicho la impartición de justicia que en la administración de dos años impuso la Fiscalía General del Estado al mando de Jorge Winckler Ortiz.
La determinación de un Juez Federal que consideró excesiva y contraria a derecho la prisión que se le ordenó al empresario en julio del 2017, no le dejó otra alternativa a la Jueza local, Alma Aleida Sosa para concederle la libertad inmediata al constructor y que este siga su proceso en libertad.
Conforme se acerca el final de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares las acusaciones contra algunos exfuncionarios duartistas podrían seguir el mismo camino.
Tal sería el caso del exsecretario de Salud Juan Antonio Nemi Dib, quien enfrenta una acusación de la Fiscalía por incumplimiento de un deber legal al no proceder contra el constructor Morando por supuestas irregularidades en la construcción del ahora llamado Hospital Infantil de Veracruz.
Se menciona que Nemi Dib podría obtener en breve la absolución toda vez que la edificación de la Torre Pediátrica se dio entre los años 2010 y 2012, mientras que su llegada a la Secretaría de Salud ocurrió en el año 2013, cuando el hospital ya estaba construido. Vaya con la “solidez” de los argumentos jurídicos que enderezó el fiscal yunista, cuyos casos empiezan a caer como castillo de naipes.
ENTREGAS
Aún y cuando desde inicios de noviembre se llevaron a cabo las primeras reuniones entre los comités de entrega-recepción designados para cada una de las áreas del gobierno del estado, parece que en algunas dependencias no hay mucha actividad que digamos.
Se oye que de parte de los encargados de secretarías, direcciones y coordinaciones que ya terminan, no existe una buena disposición para entregar a los representantes del nuevo gobierno documentos e información sobre lo que hay o dejan en sus respectivas áreas.
Visto desde la legalidad, ello podría llevarles a responsabilidades porque la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz en su Artículo 58 establece que el gobernador y los titulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo dispondrán lo necesario para iniciar la entrega de los asuntos de la administración pública encomendados a su cuidado.
De ser cierta la especie, quizá los que van de salida se estén aprovechando de cierta lentitud del equipo de transición, especialmente en cuanto a las dependencias que no están concentradas en Xalapa, y que tienen delegaciones en otras partes de la entidad.
Por ejemplo, se sabe que en oficinas dependientes del gobierno estatal en el puerto de Veracruz no han llegado comisiones para verificar la entrega.
Todo se está pidiendo desde la capital del estado a control remoto, cuando hace dos años esta administración formó comisiones de entrega-recepción para acudir a todas las dependencias diseminadas en el estado e inspeccionar las cosas en vivo y en directo.
Ojalá los entrantes le metan acelerador al asunto porque los que terminan estarán muy contentos de que no han recibido marcaje personal, y esto está a escasos diez días de que termine. No vaya a resultar después que no aparecen vehículos, equipo de cómputo, o hasta escritorios.
INTENCIONES
Desde la perspectiva del presidente del Grupo Impulsor de Desarrollo Social en el estado, Francisco Carmona Oliveros, se aprecia que el próximo Presidente de la nación tendría intenciones de reformar la Constitución para que su Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado apenas unos días atrás, pueda ser aprobado durante su mandato.
Y es que subraya que resultó extraño que una día antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, Andrés Manuel López Obrador y quien será su próximo secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, hayan hecho público el referido plan que como eje central tiene no solo mantener al Ejército en las calles en funciones de policías, sino incrementar su número en actividades de este tipo en diversas ciudades del país.
“Si su proyecto está basado en que los cuerpos castrenses funjan como nuestros policías por medio de una Guardia Nacional o el nombre que le quiera poner, es momento para que retomen el análisis del tema, den marcha atrás a este plan que anunciaron, y diseñen una nueva propuesta con base en lo que acaba de indicar la Corte”, expone Carmona.
Subraya que si bien el expresidente Calderón sacó a las calles a las Fuerzas Armadas y el Peña Nieto las mantuvo, no se había dado un pronunciamiento de inconstitiucionalidad como el de ahora.
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